Me preocupa, mucho y muy sinceramente, escuchar expresiones desde extremos de la opinión política nacional, en las cuales se exige a los militares posiciones contrarias a la suya. Unos les piden lealtad a la revolución. Como las tendencias son diversas y variables, esa es minoritaria hoy como mayoritaria fue ayer, pero nunca dejó de ser parcial. Otros, les reclaman su pasividad ante lo que se considera lesivo al interés nacional.
Que una pretensión venga de la minoría que ejerce el poder actualmente, y la otra brote de otra minoría, la que demanda soluciones rápidas y radicales, anverso de la moneda revolucionaria, no cambia las cosas. Ambas me parecen nefastas y las consecuencias de su prevalencia pueden ser trágicas.
La Fuerza Armada Nacional, tiene en la Constitución una guía para su actuación. Una guía sensata que le da seguridad a la República y a la institución misma. Los artículos específicos que rigen su carácter profesional y apartidista y su misión, son los del Capítulo III del Título VI, 328, 329, 330 y 331, pero ellos no están sueltos ni vienen solos, forman parte del sistema constitucional que tiene unos principios fundamentales, un marco geográfico y político, una prolija carta de derechos y una distribución del poder repartida, institucional y limitada. Lo que de allí se salga atenta contra la seguridad de la República y de la institución armada.
El llamado a una intervención militar que cambie la situación política expresa un trasnochado militarismo, nostalgia reaccionaria que puebla zonas de nuestro inconsciente colectivo. Pero no es solo eso. Es una reacción, tan indeseable como natural, de la trasgresión, tan inconstitucional como inconveniente, que desde el poder se impone a la FANB, como la llama la ley, o la FAN como más arriba, la llama la Constitución, la cual viene colocando a la organización militar en el papel impropio de socio de un gobierno de coalición.
El compromiso político-partidista, inaceptable confusión partido-Estado contraria al pluralismo constitucional. Asumir como tareas militares, misiones político-administrativas obviamente ajenas, generadoras de altas expectativas de imposible satisfacción, fácilmente derivables en corrupción de miembros suyos y en desprestigio de la institución. Usar la jurisdicción militar para perseguir civiles. Y al final, dejarle la ingrata labor de la represión del descontento que lo anterior provoca. Nada de eso ayuda. Todo eso perjudica.
