Integrantes del Foro Penal Dra. Blanca Rosa Mármol de León, manifestaron este jueves 27 de octubre su preocupación por la crisis que vive actualmente Venezuela, y reiteraron a la colectividad su intención de asistir jurídicamente a todos los venezolanos que hayan sido víctimas de agresiones o hayan visto trasgredidos sus derechos fundamentales.
A la cita se avocó la Dra. Mariela Parra Landaeta y el Dr. Leonardo Pereira Meléndez, quienes expusieron que “en Venezuela se ha perdido el Estado de derecho y la justicia porque no hay separación de poderes, no existe autonomía y los órganos públicos que están establecidos en la carta política son un apéndice subyugado del Poder Ejecutivo Nacional”, indicó Pereira.
Para ellos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia -por ejemplo- “se convirtió en el bufete privado del Presidente”, lo que representa un grave problema para la Nación pues, “la falta de autonomía en los poderes es sinónimo de dictadura, debilita la institucionalidad del país y trasgrede todos los principios y garantías constitucionales”.
Conjuntamente, los juristas emitieron sus impresiones con relación a las situaciones violentas que se presentaron el día miércoles 26, en la entrada del Cardenalito, e indicaron que este tipo de situaciones son dignas de análisis y reflexión porque representan la desigualdad que existe en el país al momento de protestar y levantar la voz en contra del sistema. “¿Quién tiene las armas de fuego en este momento? -se pregunta Pereira- las tienen los funcionarios, y ¿cuáles son las armas de los estudiantes? Los cuadernos; ahí vemos entonces la diferencia (…) unos luchan con su voz, con su verbo de protesta, mientras que otros reprimen con armas de fuego e incurren en graves ilícitos penales y de lesa humanidad”, explicó Pereira.
Por esta razón, asegura el abogado, “tarde que temprano los funcionarios públicos que se hayan prestado para este tipo de prácticas terminarán siendo juzgados y sancionados (…) lo mismo que sucederá con los jueces de Primera Instancia de Control que se prestaron, en algunas entidades geográficas del país, para dictar sentencias y contribuir a la paralización del revocatorio, pues son responsables a nivel penal, cívico y administrativo”.
Así pues, “ante estas situaciones que aquejan a los venezolanos” el llamado que hicieron los juristas fue para que los ciudadanos, los gremios y todas las instituciones de la sociedad civil se mantengan activos en la calle, con manifestaciones masivas, contundentes y pacíficas pero que demuestren su descontento con el presidente de la República, con su gestión y con los actores políticos del oficialismo que han vejado los derechos y garantías de los venezolanos”.
Los representantes de este foro penal aseguraron que no están de acuerdo con el diálogo entre oposición y oficialismo “porque las condiciones no están dadas para eso”, y dejaron a disposición de los venezolanos los siguientes números de teléfonos: 0414-5335579 y 0412-2535579. Allí recibirán denuncias y ofrecerán asesoramiento jurídico a aquellas personas que vean violentados sus derechos y los servicios serán totalmente gratuitos.
