La Asamblea Nacional, representación de la población a través del mandato otorgado a los diputados por el pueblo, ha sido pateada y casi expulsada del hemiciclo, luego de que el martes ll de octubre el Tribunal Supremo de Justicia autorizó al Presidente Nicolás Maduro a presentar el presupuesto nacional ante la Sala Constitucional.
Desde su instalación con mayoría opositora el 5 de enero de este año, el Poder Ejecutivo y el Judicial convirtieron al Parlamento en un elefante blanco. No han tomado en cuenta sus decisiones y poco les importa si los controlan o no, tratando de justificar esta situación en la “inconstitucional conformación”, luego de incorporados los diputados de Amazonas.
El propio Tribunal Supremo de Justicia ha concluido que todos los actos de la Asamblea son y serán nulos por esa causa.
Si la Asamblea es desconocida por el régimen, entonces ¿por qué los diputados oficialistas asisten a las sesiones? Una contradicción a toda prueba.
Al excluir al Parlamento Nacional lanzándole una trompetilla, siendo éste el único organismo facultado para discutir, aprobar o rechazar el presupuesto para el gasto nacional de cada año fiscal, se “viola e irrespeta” la Constitución.
El gobierno estaba acostumbrado a que le consintieran todas sus propuestas. El Parlamento anterior no lo controló, los presupuestos fueron aprobados irresponsablemente y no se hizo vigilancia al gasto público ni al endeudamiento.
Permitir el Tribunal Supremo de Justicia y al BCV suscribir préstamos sin autorización de la Asamblea Nacional, ha sido uno de los golpes parlamentarios, pero el más fuerte es el de aprobar el presupuesto 2017 en el marco del Decreto de Emergencia Económica sin previo control de la Cámara.
Como parte de esa arremetida oficialista, desde hace tres meses el Ejecutivo no envía los recursos para cancelar sueldos y viáticos a los parlamentarios, estrategia que podría estar gestando sus frutos con la suspensión por falta de quórum de la sesión el jueves 6 de octubre ante la ausencia de algunos diputados de la Unidad, quienes sin viáticos quizás no acudieron a su compromiso, pues es difícil financiar por su cuenta el costo de los pasajes aéreos.
Después de discutido el presupuesto, Maduro convocó a una asamblea popular del Congreso de la Patria, o sea el Parlamento público creado con la clientela chavista de Caracas como contraofensiva del régimen desechado por el país, y al aprobarlo lo entregó al TSJ, allanando el camino para que los citados asiduos de barrio también decreten nulo el revocatorio.
De brazos cruzados, ignorados y burlados por el Ejecutivo, lo más sensato sería que bajen la santamaría con la serenidad que caracteriza a los diputados opositores, quienes destaparon una revolución representando el triunfo nacional formidable aquel 6 de diciembre, antes de que terminen arrancándoles la inmunidad parlamentaria.
Hasta ahora existe una enorme capacidad de ilusión popular de que puede haber una salida democrática que dure días, quizás horas del régimen que se niega a morir, y aunque ni Maduro, Diosdado, ni toda la cadena roja que perdió legitimidad y respaldo le temen al desborde popular porque nada ha pasado en 17 años, ojalá entiendan que el país no aguanta más, y que ésta crisis puede desembocar en una gran tragedia nacional.
