La organización no gubernamental Transparencia Venezuela alertó que la pretensión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de aprobarse a sí mismo la propuesta de presupuesto nacional 2017 por la vía de un decreto-ley, se deslinda de la Constitución y profundiza la corrupción y el abuso de poder.
La ong exhortó a la población civil a que se manifieste en contra de esta posibilidad.
«Transparencia Venezuela hace un llamado a la sociedad a pronunciarse contra la pretensión del Presidente de la República (…) Además de ser violatorio de la Constitución Nacional, impide la participación ciudadana, bloquea la necesaria rendición de cuentas y facilita la concentración y el abuso de poder por parte del Gobierno», advirtió Transparencia a través de un comunicado.
«Mientras el mundo avanza hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y del presupuesto en particular, Venezuela se hunde en el secretismo, aumentando los riesgos y las oportunidades de corrupción», agregó el documento difundido este miércoles.
Al expresar sus argumentos, la organización no gubernamental destacó que el hecho de que Maduro «decida unilateralmente las prioridades de Venezuela, y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, viola no sólo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus arts.187 y 313, sino el derecho de cada uno de los venezolanos que elegimos a los diputados de la Asamblea Nacional».
La directora de la ong, Mercedes de Freitas, advirtió además que las consecuencias de un acto como el anunciado por el presidente, será la ilegalidad.
«De aprobarse el Presupuesto Nacional fuera de la Ley y sin concurso de la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento público en el que se incurra para obtener recursos, éste no será asumido por la República, sino directamente por el ciudadano Nicolás Maduro», resaltó.
Finalmente, la ong dejó claro que «es la Asamblea Nacional el único poder autorizado, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para aprobarlo y darle la legalidad que garantice el obligatorio cumplimiento de sus metas y desautorice cualquier accionar que no esté allí contemplado».
