En una reunión que los inscritos en la Misión Ribas sostuvieron ayer con la nueva coordinación regional, que se instaló el pasado mes de agosto, comentaron que la antigua coordinación, a cargo de la profesora Liliana Ojeda, tuvo muchas irregularidades administrativas.
Señalaron que hubo corrupción, desvío y venta ilegal de materiales que estaban destinados para la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Según el testimonio de Jenni Escalona, de la comunidad El Peñuzco en Palavecino, los responsables acudían a las comunidades y supuestamente realizaban un censo de los más necesitados de vivienda, pero “luego los desplazaban y colocaban a beneficiarios fantasmas. Cuando les llegaba el material, lo desviaban o hacían urbanismos para otras personas”.
Aparentemente, también hubo contrabando de cabillas y cemento, “nos dejaron sin nada”.
Contaron los afectados que esto sucedió por al menos dos años y presuntamente tras las constantes denuncias de los beneficiarios que se mantenían en espera por una casa, el Gobierno central decidió cambiar la coordinación.
El ingeniero Jesús Pérez está a cargo de la misión actualmente. Ayer trabajaba en el cronograma de culminación de viviendas en todo el estado y un nuevo método para acelerar las entregas.
Dijo Digna Mogollón, una de las voceras de la misión en Morán, que ahora los mismos beneficiarios serán vigilantes de la asignación de materiales y profundizarán la contraloría social.
