Las federaciones signatarias de la convención colectiva del sector magisterial, indicaron que el inicio de actividades educativas está lleno de grandes interrogantes e incertidumbre, debido a la gran cantidad de problemas por los que en estos momentos atraviesa la educación venezolana.
En este sentido, Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, aseguró que este año escolar se inició con una abierta violación al Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que el inicio de clases será el primer día de la segunda quincena del mes de septiembre hasta el último día de la primera semana del mes de julio del año siguiente.
«Esto significó una pérdida de entrada de siete días hábiles de acuerdo a dicha normativa, esto aunado a los que con toda seguridad se perderán por las diversas circunstancias que se avecinan en nuestro país, calculamos que sumaran unos 50 días o más lo cual se traducirá en un desmejoramiento de la ya deteriorada calidad educativa», señaló.
Revela que alrededor de 78 u 80% de las instalaciones educativas se encuentran en estado de deterioro, lo cual a su juicio, impide el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos.
«El programa de alimentación PAE o SAE como se conoce actualmente es una incógnita ante la falta de alimentos que hay en estos momentos en el país. La inseguridad que ronda los centros educativos atenta contra la escuela, los alumnos y el propio docente», dijo.
Reveló además que existe un acoso laboral por parte de los Jefes de Zona y algunos Directores de Centros Educativos «impuestos por el Gobierno en contra de aquellos docentes que cumpliendo con un deber constitucional como es su derecho a expresarse libremente en contra de las políticas educativas de este Gobierno son sacados de sus cargos en los centros educativos y colocados a la orden de la Zonas Educativas sin ningún procedimiento administrativo y a muchos aún le mantienen el salario suspendido».
Alzuru señaló que los docentes venezolanos atraviesan por la peor crisis de desprotección social en toda su historia, ya que se encuentran desamparados por el gobierno nacional.
«Tenemos un HCM y un seguro funerario contractual de tan solo 150 y 100 mil bolívares respectivamente que en el 95% de los casos por decir lo menos no funcionan porque el Ministerio de Educación no termina de saldar la deuda que tiene con las clínicas y funerarias privadas del país. Además el Ipasme sigue sin funcionar y advertimos que esto podría generar un conflicto nacional», sentenció.
En el ámbito de la reforma curricular, el presidente de la FVM, expresó el malestar del magisterio por la forma como se pretende implementar, ya que no fue debidamente consultada a los sectores gremiales, padres representantes ni con todos los docentes quienes son elementos fundamentales para el desarrollo del mismo.
