Las dos líneas de navegación más importantes para un gobierno democrático son la legitimidad de origen y desempeño, además del mantenimiento pacífico de la «auctóritas», porque ambas garantizan la gobernabilidad.
La legitimidad es a la política lo que la legalidad al Derecho. Significa actuar lícitamente, conforme a lo pautado previamente en la ley con diseños programáticos bien meditados y consultados.
La «auctóritas» o autoridad, en el Derecho Romano, es la potestad conferida por el tutor a su pupilo completando la capacidad jurídica suficiente para intervenir en actos jurídicos válidos, lo que entonces equivale en política a la función ejercida por el Estado a través de los gobernantes, que permite a los ciudadanos realizar actos cotidianos que le inspiren confianza y libertad, dentro de parámetros que no perjudican a sus congéneres pero entendiendo que el ejercicio de ese derecho es supervisado, para protección del bien común, por una entidad jerárquica.
Siendo que el referendo revocatorio es un procedimiento previsto constitucionalmente y regulado por normas especiales que autorizan a los ciudadanos a solicitar dentro de las pautas aprobadas, la conclusión anticipada de la gestión de un funcionario de elección popular, al oponerse algún Poder Público a su realización sin motivación válida, está haciendo uso indebido y contrario del Derecho, de sus funciones con lo cual, de paso, deslegitima al funcionario protegido sólo en apariencia, mermando su autoridad.
El más desprevenido de los venezolanos capta que los Poderes Electoral y Judicial están impidiendo la realización del referendo revocatorio ya activado contra el presidente Nicolás Maduro, pero sin razones para ello. En efecto, la rectora Tibisay Lucena hace pocos días no pudo explicar, de manera convincente, cuál es el procedimiento a seguir para la conclusión de la petición que fue realizada ante su oficina. Dijo, torpemente, que se trataba de actos futuros por lo cual no podía anticipar la oportunidad de realización, con lo que confunde «procedimiento», que es el diseño con base legal de unos trámites que, por seguridad e igualdad jurídicas deben ser conocidos previamente por los administrados, con «proceso» o esfera activa del procedimiento que puede variar o tener incidencias dependiendo de impugnaciones, pretensiones probatorias o solicitudes que durante su tramitación realicen los interesados.
Era entonces posible, mejor dicho, obligante para la señora Lucena haber explicado los lapsos y términos normados del referendo, aún futuros hasta su definitiva conclusión, máxime en este caso donde toda la nación, la región y buena parte del mundo están pendientes de su realización porque está el juego la paz de nuestro país.
Pero existe otra serie de hechos graves que generan absoluta opacidad y desconfianza en la cabal realización del referendo, que consecuencialmente comprometen la legalidad y autoridad del gobierno:
- El sector oficialista interpuso ante la Sala Constitucional, con posibilidades absolutas de declaratoria de procedencia, acciones por fraude hipotéticamente ejecutadas por dirigentes opositores durante la ratificación de la solicitud por el 1% del electorado. Cabe preguntarse, si el proceso transcurrió durante tres días con la participación y control de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y utilización de sistema biométrico, cómo puede imputarse la actuación dolosa al solicitante?
- Los argumentos del presidente Maduro y otros funcionarios del gobierno y del PSUV, son baladíes unos y falsos otros. El revocatorio es una opción, no una obligación, dijo el primero, lo que es incierto, la opción es en favor del pueblo quien puede solicitarlo (2003) u omitirlo (2009), ambos durante la presidencia de Hugo Chávez, pero para el CNE es obligación tramitarlo y para el presidente Maduro es vinculante acatarlo.
El vicepresidente Istúriz y el alcalde Rodríguez niegan, sin motivarlo, la posibilidad de tramitación durante el 2016 y acusan al boleo existencia de fraudes. Por cierto, quien sí propuso descaradamente la ejecución de una acción fraudulenta, sin consecuencia alguna para él, fue el diputado Diosdado Cabello, al señalar que puede realizarse el revocatorio en el 2017, asumiendo el vicepresidente en caso que resultara aprobado, éste designaría a Nicolás Maduro como vicepresidente y luego renuncia asumiendo por esta vía nuevamente la presidencia el señor Maduro. Evidentemente esta propuesta delictual no es posible de llevar a cabo porque el revocatorio es una forma de falta absoluta del presidente de la República por lo que no puede asumirla nuevamente el saliente, durante el mismo período.
- Insinúan la rectoras del CNE que a finales de octubre podría concretarse la propuesta de referendo por el 20% del padrón electoral y noventa días después pudiera llevarse a cabo la votación, es decir, a finales de enero del 2017, lo que significa que asumiría el vicepresidente y no habría posibilidad de convocatoria a nuevas elecciones, que es realmente la aspiración popular. No explicó la presidenta del CNE que los noventa días son un lapso, no un término, es decir, debe efectuarse dentro del día 1 y el 90 desde la convocatoria, conforme lo establecido en las Normas, siendo en mi concepto el lapso más apropiado el de treinta días porque ese es el previsto en el artículo 233 constitucional para convocar a elecciones ante la falta absoluta del presidente, lo que significa que es técnicamente posible hacerlo como aconteció ante el fallecimiento del Presidente Chávez. Esto garantiza el acto electoral para finales del mes de noviembre del 2016.
Estos vericuetos argumentales reflejan claramente el temor al llamado a referendo por parte del gobierno y sus Poderes controlados, quienes deberían entender que ello de por sí implica un reconocimiento de su debilidad electoral, lo que les resta autoridad y morigera legitimidad, de manera que de no materializarse oportunamente el referendo se produce el mismo efecto de perderlo, con el agregado de deslizar al país por un tobogán de impredecible destino, en lo económico, político y social, que son los aspectos principales que deben ser controlados a satisfacción, para cumplir con la gestión pública que otrora les fuera designada. Dios salve a Venezuela!
