Un recurso de amparo para que se exija a las instituciones del Estado que garanticen la potabilidad del agua que sale del embalse Pao-Cachinche, y surte a los estados Aragua y Carabobo, interpuso la ong Movimiento por la Calidad del Agua ante el Tribunal Supremo de Justicia.
«Hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua, hemos acudido a la Sala Constitucional a ejercer una acción por la protección de derechos cívicos, particularmente el derecho a la salud de más de 3 millones de personas; el derecho que tenemos garantizado en la Constitución a un ambiente sano», manifestó Lucio Herrera, representante legal de la organización civil.
Desde las puertas del TSJ, los accionantes denunciaron que desde hace dos años han sido sistemáticamente ignorados, a pesar de las pruebas científicas que demuestran la contaminación del agua que reciben los habitantes de la región central, y que han presentado ante Hidrocentro, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional y el mismo TSJ.
«Consideramos que esta situación amerita la intervención del máximo tribunal», recalcó Herrera.
Censura aumenta riesgos en la población
Por otro lado, los defensores de derechos humanos expresaron un contundente rechazo contra la medida cautelar dictada la noche del miércoles por el Tribunal 25° de Control de Caracas a solicitud del Ministerio Público, que advierte a los medios de comunicación que para publicar declaraciones sobre la contaminación del agua los denunciantes deben poseer un soporte técnico.
En este sentido, el miembro de la ong, Edison Durán, aseguró que la censura que sólo busca enmascarar el problema y agrava sus efectos sobre las víctimas.
«Limitando el acceso a la información pública que es de interés de todos los venezolanos no se va a cambiar la realidad», expresó el activista.
«Este es un problema que va a seguir creciendo, y si la población no esta consiente de los riesgos que tiene precisamente al consumir un agua que no cumple con las normas sanitarias venezolanas no podrán protegerse de las consecuencias que esto pueda tener. Podríamos hablar de una violación del derecho a la información, al acceso a la información pública y a la libertad de expresión de todos los venezolanos», recalcó.
Foto: Williams Toledo
