Contrariamente a lo que pudiera pensarse, a juzgar por el impacto noticioso, no es que constituye un revuelo internacional el hecho de que el presidente mexicano, en ejercicio, haya sido acusado de plagio, con efectos impredecibles. Por supuesto, hay un aspecto ético y moral en la conducta de un primer mandatario cuya carrera política lo lleva a dirigir los destinos de un país. Que sea descubierto y constatado que incumplió con los requisitos exigidos para culminar sus estudios como abogado, cometiendo un fraude ante la institución universitaria que eligió, para tales efectos, se registrará en el historial de este tipo de casos. ¡No más mi cuate! Como expresaría un escéptico docente e investigador azteca que se respete.
Que un aspirante a graduarse en leyes, incurra en un delito de deshonestidad intelectual no es cualquier cosa. Asombra por decir lo menos. Pero que las instituciones o, para ser más exactos y no cargarles la responsabilidad por lo sucedido, quienes las dirigen no asuman la conducta que corresponde, ya revela, es un indicador, del grado de complicidad con el cual se manejan este tipo de situaciones. Inaudito. Pasa a engrosar e ilustra de manera negativa lo que es reconocido: los elevados niveles de corrupción presentes en el ámbito internacional, latinoamericano y nacional. Las instituciones se resienten.
Pero, conviene aclarar, que la conjetura anterior, a manera de hipótesis, tiene sus particularidades en cuanto a que las respuestas no son del mismo tenor. En el mundo empresarial de hoy y de siempre, las grandes corporaciones valoraron, en la medida del contexto, la calificación académica del personal. La sociedad del conocimiento potencia esa consideración, clave en términos de la investigación y desarrollo.
Las denominadas ventajas competitivas en gran medida se soportan en la innovación. Los valores y la confianza también cuentan en términos de rentabilidad. Más de una empresa o gerente, de comprobada acción fraudulenta, se ha jugado su prestigio y su carrera como ejecutivo, desapareciendo del mercado y terminado tras las rejas.
En Alemania, en la pasada gestión gubernamental de Angela Merkel, dos de sus ministros “estrellas” tuvieron que renunciar a su carrera política acusado de plagiar sus respectivas tesis de grado al momento de acumular méritos para el ejercicio de cargos públicos de tan elevada investidura. Descubiertos y puestos en evidencia, fueron despojados de los títulos académicos por las respectivas universidades donde cursaron sus estudios. Entendemos que dichas Casas de Estudio se jugaban su propio prestigio y reputación. Sorprendidas en su buena fe, no vacilaron en tomar las medidas ejemplarizantes que correspondían al caso.
La Universidad Panamericana (UP), que es auspiciada por el Opus Dei, oficialmente reconoció que “se encontraron cinco formas de tratamiento de ideas ajenas, entre ellas, reproducciones textuales de fragmentos sin citas a pié de página ni en el apartado de la bibliografía”. Contrariando sus propios principios, misión, visión y valores, ya adelantó criterio, señalando que se encuentra: “frente a un hecho consumado sobre el cual es imposible proceder en ningún sentido”. Así lo recogen las agencias informativas que siguen el suceso académico político.
No faltará otra universidad que sea capaz de ofrecerle un Doctorado Honoris Causa, una práctica de excelencia usual, desvirtuada por razones de tipo diversas, como para “reivindicarlo”. La corrupción política teje sus redes académicas.
