A través de una declaración conjunta el Centro De Orientación de Energía (Coener), la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, la Asociación Civil Gente del Petróleo y el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Unapetrol) exigieron al Gobierno nacional que dé respuestas sobre uno de los más graves sucesos ocurridos en la industria petrolera venezolana, tal como fue la explosión de Amuay.
Recordaron que este 25 de agosto se cumplieron 4 años del fatídico accidente, que según fuentes oficiales cobró la vida de 42 personas, 150 resultaron heridas y 5 fueron registradas como desaparecidas.
“Nuestras instituciones ratifican el pesar nacional y las palabras de solidaridad a los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como también a aquellas personas cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, al tiempo que manifiestan su preocupación por no obtener respuestas a las interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de esta tragedia. Incluso, una petición de amparo a las víctimas directas e indirectas de la explosión en la Refinería de Amuay, introducida por Coener ante el Tribunal Supremo de Justicia, trece días después de ocurrida la tragedia, aun espera por la debida respuesta de este organismo”, puntualizan.
Señalan que ante la gravedad del evento y tal como fue oportunamente comunicado a la opinión pública, en aquel momento “se imponía que el Gobierno nacional designara rápidamente un comité de investigación independiente, integrado por expertos Nacionales e Internacionales, para que en un plazo perentorio, determinara las causas de esta lamentable tragedia, identificar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades del caso y emitir sus recomendaciones para evitar la ocurrencia de otra fatalidad similar, acciones que no se ejecutaron en el momento preciso”.
Detallan que el 9 de septiembre de 2013, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presentó un informe sobre el accidente en el que concluyó, que el mismo fue ocasionado por una acción de “sabotaje”.
“La información presentada por PDVSA, fue analizada por especialistas que integran el Centro de Orientación en Energía – COENER, y objetivamente se llegó a la conclusión que el argumento del sabotaje no tenía sustento técnico alguno; por el contrario, este informe reforzaba la tesis que las causas de la fuga de gas, la secuencia de eventos previos a la explosión e incendio, y la lamentable ausencia de los sistemas de alarma, del accionar efectivo del sistema contra incendios y de la aplicación oportuna de adecuados procedimientos de evacuación, fueron consecuencia de serias deficiencias operacionales y de mantenimiento”, sentencian las organizaciones.
El comunicado además indica que a pesar de los compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por la Fiscalía General de la República desde el mismo momento del evento, a la presente fecha ni PDVSA ni el Ministerio Público, han publicado sus respectivos informes ni han vuelto a declarar sobre el tema.
”Ante la ausencia de respuestas (…) solicitamos a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, acometer las medidas inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 24 de agosto de 2012 y en particular se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares”, concluye el comunicado.
