El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, acudió a la Fiscalía General de la República para entregar sus «alegatos» contra la medida cautelar dictada el sábado por el Tribunal Supremo de Justicia que dejó sin efecto algunas sesiones de los meses de abril y mayo y los actos derivados de ellas.
Advirtió que el fallo de la Sala Constitucional esta lleno de irregularidades, y que no acataran decisiones que se generen de una instancia «inconstitucional».
«Nosotros hemos dicho y vamos a reiterar que no vamos a acatar ninguna sentencia que sea dictada por jueces que no son jueces, por usurpadores», afirmó tras consignar un escrito en el Ministerio Público.
«De los siete magistrados de la Sala Constitucional, solamente uno, que es Dr. Arcadio Delgado Rosales, cumple con los requisitos para ser magistrado. Los otros seis violan la Constitución y la ley, y efectivamente todas las decisiones que ellos tomen estan afectadas de nulidad porque no tienen competencia para ser magistrados», subrayó.
Sin contar la falta de calificación, los alegatos entregados por Ramos a la Fiscalía apuntan a la presencia de serios vicios procesales. El principal es la violación del derecho a la defensa, gracias a una sentencia previa de la Sala Constitucional que impide al Legislativo accionar ante el propio TSJ si no es representado por la Procuraduría General de la República.
«El presidente de la AN no puede otorgar poder para hacerse representar en los juicios que el mismo TSJ insta o promueve contra la AN. Esto es un caso insólito», expresó.
Así mismo, el diputado señaló que la medida cautelar dictada en la sentencia N° 797, fue una medida de oficio que no cumplió con los parámetros legales que debe llenar una acción de amparo.
«No se señala cuáles fueron los derechos de los diputados que supuestamente debían ser restaurados por la vía cautelar», indicó.
Vale recordar, el fallo del pasado viernes 19 de agosto dejó sin efecto las sesiones de los días 26 y 28 de abril, y 3, 5, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas. El mismo se deriva del recurso de nulidad que interpuso la bancada oficialista de la AN contra la directiva del Parlamento, por el supuesto desacato a la sentencia N° 269 del 21 de abril, que le ordenaba modificar el Reglamento de Interior y de Debates para prohibir el cambio del orden del día una vez convocada la sesión.
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional reaccionó a las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien dió este lunes un ultimátum a los empleados de la administración pública que están a favor del referendo revocatorio.
«Ellos consideran la cosa pública como de su propio patrimonio, y que son esclavos del PSUV. Si le van a exigir a todos los empleados públicos que tienen que pensar como el gobierno y apoyar a Nicolás Maduro, la administración se quedará desierta, porque el número de trabajadores, empleados y obreros que apoya a este desguace es mínimo», expresó Ramos Allup.
