Las reacciones de la oposición, ante la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender cautelarmente los efectos de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional (AN) de los meses de abril y mayo, no se hicieron esperar y en tal sentido, el coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), diputado Julio Borges, señaló que el máximo tribunal del país es un bufete del gobierno.
«Es increíble cómo se han dedicado a actuar contra el país y a desconocer la voluntad de los venezolanos expresada el pasado 6 de diciembre. Sin embargo, ni resguardado por instituciones inmorales como el TSJ y el CNE, Nicolás Maduro podrá evitar que lo revoquemos este año», apuntó.
Aumenta la presión
Por su parte, el también dirigente de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, afirmó que cuando el TSJ golpea al Poder Legislativo ofende a toda la población.
«Mutilar el ejercicio parlamentario es aumentar la presión en el país y orientar la lucha democrática a otros espacios en donde no llegan los tentáculos de los magistrados de Nicolás Maduro», indicó.
Matheus agregó que en la Asamblea Nacional está el poder real, mientras en el Tribunal Supremo de Justicia opera la fuerza irracional del secuestro institucional. «Nosotros seguiremos ocupando todos los ámbitos de lucha y esta decisión de la Sala Constitucional alimenta la necesidad de la Gran Toma de Caracas el 1 de septiembre. No habrá sentencia o tanque que detenga la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela», recalcó.
Sentencia fraudulenta
A su vez, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup tildó de fraudulenta dicha sentencia. A través de su cuenta en la red social Twitter expresó que continúan las sentencias fraudulentas de la Sala Inconstitucional del TSJ para violar la Constitución y negar la voluntad popular».
Ramos Allup refirió, además, que de los 7 integrantes de la Sala Constitucional del TSJ, «sólo uno cumple con los requisitos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley del TSJ para ser magistrado».
No tiene legitimidad
Por último, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús «Chúo» Torrealba, subrayó que la citada sentencia «no mata voto, ni mata soberanía popular».
Según su criterio, un Tribunal Supremo de Justicia conformado de manera inconstitucional no tiene legitimidad. «El TSJ no puede cuestionar la gestión o el accionar de un parlamento que ha sido electo por el voto del soberano», precisó.
