El intento de la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) de posponer el Referendo Revocatorio, además de ser una violación de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y del Reglamento elaborado por dicho Consejo, es un franco desafío a la soberanía popular expresada el 6 de diciembre de 2015, cuando a través del voto le otorgó a la oposición las 2/3 partes de los diputados que integran la Asamblea Nacional.
Al quedar al desnudo la dependencia del Poder Electoral del Ejecutivo Nacional, para evitar que el mandato del Presidente Nicolás Maduro sea revocado en el 2016 y luego llamar a elecciones presidenciales, la oposición, que según todas las encuestas constituye una evidente mayoría, ha decidido ratificar la convocatoria a una marcha nacional para la toma de Caracas y obligar al CNE a respetar los lapsos que permiten claramente la realización del Referendo en el presente año.
La Mesa de la Unidad Democrática aún confía en la posibilidad de obligar al CNE a cumplir con la Constitución Nacional y el Reglamento que rige el proceso para realizar el Referendo, aunque ya se oyen algunas voces muy calificadas llamando a la desobediciencia civil.
El reconocimiento del Poder Popular como expresión del Soberano siempre ha estado presente en las campañas electorales, como expresión del Estado de Derecho, pero en la época del chavomadurismo el Poder Ejecutivo ha controlado los demás Poderes Públicos, en estos momentos con la excepción de la Asamblea Nacional, que luego algunos altos funcionarios lo ejercen en su nombre, aunque los beneficiarios sean unos pocos, una pequeña oligarquía política y económica que surge alrededor del Jefe del Gobierno. Esta constante que ha marcado la historia de América Latina, emerge en nuestro país acechada por la ilimitada ambición que estimula en los traficantes de la política, la existencia de una riqueza petrolera, de la que disimulada o descaradamente se han venido apropiando ilícitamente los oligarcas de siempre y los nuevos administradores del poder.
El saqueo de que hoy es víctima Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según denuncias hechas públicas y presentadas en la Asamblea Nacional, confirma lo expresado en el párrafo anterior. A nombre del Poder Popular se inventa el socialismo del siglo XXI, promovido para crear un hombre nuevo y alcanzar la mayor suma de felicidad posible -según mandato de Simón Bolívar, para tocar la fibra nacionalista de los venezolanos- mientras algunos altos jerarcas del Poder Ejecutivo amasan ilícitamente inmensas fortunas que generalmente trasladan a bancos extranjeros en los llamados paraísos fiscales.
Al Poder Soberano lo han convertido en una bandera fraudulenta, cuando desde el poder central del Estado se plantea la necesidad de violar la Constitución Nacional vigente y otorgarle al Jefe del Estado facultades de fundar comunas y nuevas jurisdicciones político-territoriales, crear Estados de Excepción sin la aprobación de la Asamblea Nacional y sin oír la opinión de los ciudadanos, de los electores que constituyen el verdadero Poder Soberano. Para continuar saqueando al país, pretenden perpetuarse en el poder, y evitar el Referendo Revocatorio en el 2016.
Para que el Poder Popular sea una realidad en la vida política de la nación, es imprescindible que se respete el derecho a elegir a sus gobernantes, pedirles rendición de cuentas y cambiarlos cuando lo consideren conveniente a los intereses del pueblo soberano. Que el Jefe del Estado dependa del Poder Soberano y no la inversa, es el desafío que tiene que enfrentar la mayoría de los venezolanos.
