Por segunda vez en el 2016, funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos, la Guardia Nacional y otros organismos, prácticamente tomaron el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) en un operativo que los responsables del mismo calificaron como una inspección en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano que adelanta el Gobierno nacional.
Hace pocos días ocurrió lo mismo en el de Valencia que, como el local, es propiedad de la alcaldía del municipio.
Quienes, por razones de trabajo, se encontraban a las 2 de la mañana en el gran centro de distribución de alimentos, se sorprendieron ante la llegada de gran cantidad de funcionarios de la GNB y la Sundde que se distribuyeron por los locales comerciales y el sector conocido como La Playa, donde se comercializan hortalizas, frutas y otros productos perecederos.
El operativo estuvo dirigido por el superintendente de Precios Justos, William Contreras, y el jefe del SODI-Lara, general de división, José Rafael Torrealba Pérez.
Benito Rocha, presidente de Mercabar, fue informado la misma madrugada de lo que ocurría y al llegar al centro de acopio le notificaron que se trataba de una inspección relacionada con la comercialización.
Explicó que, como lo ha dicho otras veces, “Mercabar no empaqueta ni distribuye alimentos, sólo se encarga de administrar las propiedades del mercado, sus locales, además de no pemitir el llamado bachaqueo”.
Manifestó que los funcionarios no sólo llegaron a las áreas de los locales sino también a las administrativas.
Rocha también recordó que en Mercabar existen 332 locales, de los cuales están cerrados 40 porque sus dueños carecen de mercancías que vender.
Igualmente dijo que a raíz de la implementación de los CLAP, las ventas en ese centro han sufrido una disminución de hasta un 60%.
El abogado José Antonio Rodríguez, vicepresidente de la empresa, por su parte, calificó el procedimiento como irregular por no presentar la providencia que debe establecer los términos de la inspección.
Además, indicó que los responsables de la inspección están calificando a Mercabar como un ente comercializador, lo que no es cierto.
Entre Rodríguez y el superintendente de precios, Contreras, hubo un intercambio serio de palabras en el curso del cual el funcionario le amenazó con demandarlo penalmente por algo que había dicho.
A la reunión de representantes de ambas partes, en la sala de conferencias, se incorporó Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara.
Posteriormente, Contreras, Torrealba y Reyes declararon a los periodistas, mientras los funcionarios de la GN y Sundde se encargaban de las inspecciones.
Contreras informó que hasta las 11 am, entre las irregularidades detectadas figuraba la localización de 52 toneladas de arroz para consumo animal, además de café, presuntamente acaparado, y que antes del inicio de la inspección habían sacado cantidad de mercancías.
Dijo que el operativo se extenderá hasta cuando sea necesario y que los derechos de comerciantes y trabajadores están garantizados.
Además, negó que la directiva de Mercabar no esté obligada a velar porque se cumpla con la regulación de los precios.
El general Torrealba también dijo que estaban cumpliendo con La Gran Misión Abastecimiento Soberano dentro del proceso revolucionario al servicio del pueblo.
Pidió a la directiva de Mercabar asumir sus responsabilidades como comerciantes de los productos que, desde allí, abastecen a casi la mitrad de los venezolanos.
Reyes Reyes habló de irregularidades que estarían registrándose en el mercado desde el 2013, que formarían parte de la guerra económica.
Recordó lo que ha dicho en otras oportunidades: que si el alcalde no acaba con las irregularidades que allí estarían ocurriendo, como debe ser, sería conveniente que el Gobierno nacional asumiera su administración porque “Mercabar se encuentra en su peor momento”
De la duración de la intervención, dijo que “depende de los resultados”.
