Al Cono de Seguridad del aeropuerto de Barquisimeto hay que verlo como un problema social, dice el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos.
Allí viven 3.500 familias o, en otras palabras, una población que oscila entre 12 mil y 15 mil personas.
No es un problema de ahora, se defiende ante las acusaciones de que tiene responsabilidad en ese sector como primera autoridad del municipio.
-¿No es un problema suyo?
-No. Es un problema heredado. Tanto el Ejecutivo nacional como la Gobernación, la alcaldía y el Partido Socialista Unido de Venezuela alentaron esas invasiones hace diez años.
La intención fue conseguir votos de familias de bajos recursos económicos, que carecían de un techo propio al punto que allí Corpolara ha construido viviendas.
-¿Qué es lo que ha hecho la alcaldía?
-Normalizar y regularizar esa situación para que no sigan ocurriendo invasiones.
Ese caso es parecido a lo que ocurre en Mercabar y en otros terrenos que pertenecen al municipio.
-Pero, ¿qué va a pasar con el otorgamiento de terrenos?
-Eso no es una cosa sencilla. Primeramente, la Contraloría Municipal tiene que emitir una opinión, que es discutida por la Cámara Municipal, la cual decide aprobarla o no. Luego, si es aprobada, queda en manos del alcalde el otorgamiento de la titularidad de los terrenos.
-¿Por qué se declararon ejidos esos terrenos?
-No se declararon, son ejidos. El 80 por ciento de los terrenos del Cono de Seguridad pertenecía a Comdibar, que le fueron asignados para construir el Parque Holístico, una moderna aduana alrededor del aeropuerto, para desarrollar la comercialización de productos. Como no se construyó, fue ocupado por numerosas familias, estimuladas como ya dije por los intereses políticos.
-¿Cómo surge, entonces, el problema de ahora?
-El problema se presenta porque la Cámara Municipal ha debido ocuparse exclusivamente del Cono de Seguridad y no incluir el aeropuerto y la base aérea. Pero, también hay que decir que la representación del aeropuerto ha sido irresponsable.
-¿Por qué?
-Cuando se suscitó el problema con los habitantes del Cono de Seguridad, nosotros invitamos a Bolivariana de Aeropuertos (BAER) a varias reuniones que hicimos aquí, en la alcaldía, donde estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo, concejales, los representantes de la alcaldía y los moradores del Cono.
-¿Qué tenía que hacer BAER?
-Exponer sus alegatos. Nunca se hicieron presentes. Desconozco las razones. Pero, también hay que decir que el Gobierno nacional, que es el PSUV, sabe que utilizó a esas humildes familias durante muchos años. ¿Qué respuestas les podría dar si es responsable de la situación?
-Cuando habla de Gobierno, ¿se refiere a Luis Reyes Reyes, a Amalia Sáez, a quién?
-Ahí estuvieron todos. Están involucrados el Gobierno y el PSUV. Insisto en que heredamos esa situación.
-¿De dónde vino esa gente que ocupó el Cono?
-Eso se debe a que el Estado no da respuesta a la necesidad de vivienda y el crecimiento de las familias obliga a los jóvenes a tener sus propias casas. Mientras el Ejecutivo no haga una alianza con el sector privado para llevar a cabo una política de vivienda, las invasiones continuarán. Además, tenemos que incluir obligatoriamente la migración del campesinado, que tampoco se ha podido detener. Mucho menos ahora que ha quedado destruido el aparato productivo agropecuario. Con una alícuota del petróleo podría resolverse este problema. Mi propuesta en ese sentido no fue debatida cuando la formulé.
-¿A qué le atribuye esa omisión?
-A que el Gobierno le interesa mantener el control de los dólares que le ingresan por concepto de la renta petrolera. Los gobiernos anteriores decían que el petróleo era nuestro, porque había sido nacionalizado: y este régimen ha venido repitiendo que Pdvsa es de todos. Mentira. Con los controles existentes es cada vez mayor la corrupción porque la cúpula del poder sabe cuándo será devaluada la moneda e inmediatamente adquiere los dólares. Es por eso que cada vez que se produce el final de un gobierno autoritario, cerrado desde el punto de vista económico, los que compran empresas son los sujetos que han formado las cúpulas y apéndices de las estructuras del poder. Así ha pasado en lo que fue la Unión Soviética, donde las grandes empresas pasaron a los miembros del buró político del Partido Comunista. De igual forma pasó en Cuba, donde la cúpula es la que administra las divisas. Y aquí en Venezuela no quieren democratizar la renta petrolera porque ya no tendrán la posibilidad de controlar los dólares. Es por eso que se producen problemas como el del Cono de Seguridad. Y yo no puedo sustraerme a la realidad que tienen esas familias.
-¿Podría tener solución el caso del Cono?
-Aquí tienen que estar el Ejecutivo nacional, el regional y el municipal, así como también las autoridades que tienen que ver con el aeropuerto.
Y por supuesto, tienen que incluir a los habitantes del Cono se Seguridad. Si eso queda en manos de un tribunal, respetaré la decisión tribunalicia. Pero, debo dejar en claro que los grandes responsables son el Gobierno y el PSUV.
-Un abogado ha advertido que usted puede ser enjuiciado porque de ocurrir una tragedia, sería el alcalde responsable de las muertes que puedan haber. ¿No teme parar en una cárcel por estar apoyando a los ocupantes del Cono?
-No asusta que me puedan hacer alguna acusación. Yo no he tomado ninguna decisión. Y en todo caso la medida tendría que ser contra la Cámara Municipal.
Ahora bien, lo único que he hecho es defender a unas familias que han sido utilizadas con fines políticos por el oficialismo.
Yo heredé un problema y lo que he procurado es buscar la normalización y regularización de esa situación. Hasta ahora ese caso fue elevado al Tribunal Supremo de Justicia porque el tribunal que conoció en primera instancia se declaró incompetente.
Ahora, la responsabilidad es del Gobierno y del PSUV. Si el TSJ es afín al Ejecutivo nacional y al PSUV, pregunto: ¿decidirá contra ellos? Amanecerá y veremos.
