Su preocupación por las «alteraciones graves que hoy sufren los ordenamientos constitucionales y democráticos de Venezuela y Nicaragua», manifestaron los ex jefes de Estado y de Gobierno firmantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en un comunicado.
En este sentido elevan su palabra de alerta ante la opinión pública internacional, los distintos gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, por las alteraciones graves que hoy sufren los ordenamientos constitucionales y democráticos de Nicaragua y Venezuela.
Destacan que en el caso de Venezuela, luego de la elección popular de su actual Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro, con apoyo de un Tribunal Supremo de Justicia cuya composición se obtiene al margen de las normas constitucionales y en vísperas de instalarse el nuevo parlamento con su mayoría calificada de oposición, desconoce el ejercicio por la misma Asamblea de sus competencias constitucionales. Igualmente, irrespeta el instituto democrático de la inmunidad de los diputados, manteniéndoles bajo acoso permanente de las autoridades judiciales, militares y policiales. Y a renglón seguido, dirigentes fundamentales del oficialismo, negados a la solución electoral, pacífica y democrática de dicha crisis institucional como la humanitaria que se le sobrepone, mediante el ejercicio de un referendo popular revocatorio, que es derecho humano y político constitucionalmente tutelado, piden del Poder Electoral y del Poder Judicial ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como partido que reúne y representa a las distintas fuerzas políticas de la oposición democrática.
Caso Nicaragua
Paralelamente y en coincidencia, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, aliado político del presidente venezolano Maduro, transita la misma línea de comportamiento. Ya en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en el año 2011 en ese país, la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) lamentó el deterioro observado respecto de elecciones anteriores, especialmente en lo relativo a la neutralidad e independencia del Consejo Supremo Electoral. Ahora, en la antesala del proceso eleccionario que tendrá lugar en noviembre próximo estamos siendo testigos de varios hechos alarmantes, destacan los ex presidentes.
Mediante una colusión entre la Corte Suprema y el mencionado Electoral, controlados por partidarios de su gobierno, procura la intervención del partido de oposición que le sirve contrapeso democrático – el Partido de Liberación Independiente, a cuyo efecto se le revoca a su líder, Eduardo Montealegre, la representación legal de éste; y, acto seguido, designándose como sustituto a un tercero de la simpatía del régimen, son despojados de sus escaños en el parlamento 28 diputados – propietarios y suplentes – militantes de dicha agrupación; ello, por contestar contra los actos señalados y mediar el propósito evidente – con el despojo de las referidas representaciones populares – de consolidar una hegemonía de partido en Nicaragua.
“Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de esta declaración, por ende, al recordar que la democracia también exige del ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, es decir, sin fraude a la ley o alteración del principio democrático inexcusable que manda medios legítimos para fines legítimos y viceversa, pide del Consejo Permanente de la OEA y del Secretario General, Luis Almagro, así de la Unión Europea y la opinión internacional mantenerse su vigilancia crítica frente a estas graves alteraciones al orden democrático y constitucional; y para que se dispongan los medios necesarios y efectivos para la normalización de la democracia en dichos países, por ser derecho de los pueblos que los gobiernos de los Estados han de garantizar, según los términos de la citada Carta Democrática.
