El abogado Alexis Viera Brandt, quien introdujo la demanda en contra del Concejo Municipal de Iribarren por omisión en planificación urbana, señaló en visita a EL IMPULSO que un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) es un acto técnico, jurídico y profesional, asumido por la municipalidad.
El PDUL garantiza que la ciudad crezca y se desarrolle en forma ordenada con el propósito de evitar las aglomeraciones urbanas. El instrumento procura que el ciudadano viva en condiciones adecuadas, en paz social, ordenadamente; sin los desastres que implica la carencia de servicios, realidad que como un cáncer inducido arrastran las invasiones, cobijadas casi siempre por politiqueros de oficio, apuntó.
“Los populistas se valen de las necesidades de la gente humilde, procuran el caos urbano y someten a las personas a vivir en condiciones infrahumanas con el objetivo de captar votos”.
Expuso que Barquisimeto, ciudad famosa en el pasado por su ordenamiento, sufre un grave caos urbano.
“La carrera 21 y 22, van en el mismo sentido, por ejemplo. En los barrios objeto de invasiones, abundan los tanques de agua y postes sobrecargados de cables, reflejo de un comunidades carentes de servicios, que no están incluidas en ningún presupuesto. Lo que sí sucedería si esos asentamientos urbanos estuvieran dentro de un plano de desarrollo”.
La causa: el proyecto de reforma de la ordenanza del PDUL ha sido pospuesto en el tiempo. La consecuencia: en diciembre la ciudad quedará sin reglamentación urbana, señala el abogado. “Por obra de la conducta inconstitucional de la Cámara Municipal se acentuará el caos urbano”.
La realidad impone ampliar el lapso de validez de la Ordenanza del PDUL mediante la reforma del artículo 150 a fin de que concluyan las consultas públicas y técnicas que permitan remitir el instrumento al Ministerio de Vivienda y Hábitat. “Si nos quedamos sin reglamentación jurídica, por ejemplo, en una zona residencial la gente colocaría un botiquín o al lado de una funeraria un salón de fiestas. Se agravarían las invasiones y colapsarían los servicios.
Viera Brandt insiste en que el “populismo tercermundista y la politiquería criolla se imponen ante la discusión de la ordenanza del PDUL para que las familias del Cono de Seguridad permanezcan asentadas ilegalmente en el lugar”.
“Sabemos que Hidrolara otorgó una constancia de servicio de agua. Si se divide el número de litros entre las familias allí asentadas, el resultado es de 18 litros por casa. Eso apenas alcanzaría para bañarse menos de 5 minutos”.
Agregó que el populismo es tan atroz, que la Cámara Municipal declaró ejidos bienes del dominio público, como el aeropuerto y la Base Área. Por lo tanto, BAER, introdujo una acción por inconstitucionalidad de la declaratoria de ejidos ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centroccidental, ente que elevó el recurso a la Sala Constitucional del TSJ.
