A todo aquel que llegue a Barquisimeto, de paso o para quedarse, le sorprenderá la gran cantidad de niños indígenas que en los semáforos de diferentes avenidas se abalanzan prácticamente sobre los vehículos para exigir algo de dinero.
Para los residentes en la ciudad, eso no es novedad alguna pues se trata de un negativo panorama que se ha hecho rutinario, atribuido a la indiferencia y hasta negligencia por parte de quienes están en la obligación de no permitir que esos niños procedentes de los bosques o selvas, estén expuestos a diario a los peligros que representa la ciudad.
El Estado tiene el Consejo Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como una Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), que, en el papel, son instrumentos para que esos pequeños estén protegidos, no así en la práctica.
El artículo 31 de la ley reza: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje”.
Sin embargo, salvo esporádicas medidas tomadas desde la alcaldía de Iribarren, nada se hace.
Además del Consejo Nacional, en Lara existen el Consejo Municipal de Derechos del Niño y el Servicio de Atención Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes (SAINA), adscrito este último a la gobernación, pero ninguno actúa, como puede constatarse a diario en avenidas como la Venezuela, Libertador, Pedro León Torres, Leones, e Intercomunal Cabudare entre otras.
