La Asamblea Nacional investigará el caso de los dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, quienes se declararon culpables de narcotráfico en Estados Unidos.
«El escándalo judicial protagonizado en Estados Unidos por los sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, será ventilado por la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional por conducto de la subcomisión especial antidrogas», informó el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su sitio web.
La diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta de la comisión, denunció que en Venezuela «no se ha abierto investigación alguna», pese a que así lo solicitó la oposición a la fiscalía tras conocerse el caso.
Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, detenidos en noviembre de 2015 por tratar de introducir en Estados Unidos 800 kilos de cocaína, admitieron su culpabilidad ante la agencia antidrogas estadounidense, según documentos oficiales.
La confesión forma parte de un expediente enviado el pasado viernes por la fiscalía federal a una corte de Manhattan, en Nueva York.
Solórzano indicó que el Parlamento indagará por qué los sobrinos de Flores «portaban pasaportes diplomáticos».
Los legisladores también le pedirán a las autoridades estadounidenses que remitan las actuaciones del caso al Ministerio Público venezolano.
Los dos hombres están siendo procesados por planear el contrabando de al menos cinco kilos de cocaína hacia Estados Unidos. También fueron acusados de ser parte de un plan para introducir la droga a territorio estadounidense vía Honduras.
Los documentos recién liberados por la corte argumentan que los primos trabajaron con otras personas para tratar de enviar cientos de kilos de cocaína desde Venezuela a Honduras, y de ahí poder introducir la droga a Estados Unidos.
La cocaína presuntamente fue comprada a narcotraficantes mexicanos, que de hecho fueron las fuentes que actuaron bajo instrucciones de la DEA.
Durante reuniones que tuvieron lugar en Venezuela, Honduras y Haití, los demandados hablaron de múltiples transportes con carga de cocaína en aviones privados, indican los documentos.
El inicio del juicio para los acusados, de 29 y 30 años, fue fijado para el 7 de noviembre. El gobierno venezolano mantiene silencio sobre las acusaciones.
