En carta enviada al directorio del Consejo Nacional Electoral, el ex rector Vicente Díaz, exigió al ente comicial que respete los tiempos del revocatorio los cuales se encuentran claramente establecidos en la normativa 405 del mes de diciembre del año 2007.
En la misiva asegura que la situación del país es bastante delicada, por lo que pidió una actitud responsable a los altos funcionarios que dirigen el poder electoral venezolano.
«La situación de Venezuela, como ustedes perfectamente conocen, es extremadamente seria y delicada afectando todos los órdenes de la vida nacional. Necesita el concurso responsable de todos los venezolanos y venezolanas, con atención especialísima de quienes ocupan los más altos cargos en la estructura del Estado, como es su caso», precisa.
Explica que las normas, en cualquiera de sus formas y jerarquías, desde la Constitución hasta el más sencillo de los reglamentos, establecen las reglas del juego para el devenir de vida republicana.
«Esas normas adecuadas o no, mejorables o no, son las rayas de la cancha que permiten saber de antemano cuál es el juego que se jugará y qué se permite y qué no. Es muy claro que esas rayas no se pueden cambiar a mitad del partido, así como tampoco la interpretación de su significado», sentenció.
Asegura que las acciones de los miembros del poder electoral, deben garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
«Las reglas y las actuaciones de los miembros del Poder Electoral deben servir para asegurar que los derechos y obligaciones de todos los electores, de todas las organizaciones, de todos los candidatos y de todos los funcionarios electos sean preservados por igual, sin ningún tipo de distinción que genere ventajas para unos y desventajas para otros», sostuvo.
Asimismo el también ex presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), criticó que el CNE haya demorado 34 días, desde que se le hizo la primera solicitud de referendo revocatorio, para entregar la planilla requerida para recolectar el 1 por ciento de las firmas, cuando la misma debería estar disponible automáticamente en el momento de cumplirse la mitad del período de cualquier autoridad electa.
«Las normas, por ejemplo, les daban al CNE cinco días para constatar que se había cumplido con la recolección del 1% de las firmas y convocar a su validación presencial mediante la huella dactilar: el CNE se tomó 42 días», lamentó.
Señala además que la normativa establece la recolección del 1% del registro electoral de la circunscripción correspondiente al cargo a revocar, en este caso por ser el Presidente la circunscripción es nacional; correspondía al 1% del registro electoral del país.
«Ustedes exigieron, pasando por encima de la norma, que se recogiera el 1% del registro de cada estado, como si se fuera a revocar a los 24 gobernadores. Eso estuvo mal, ustedes saben que no es así», reprochó.
Proceso de validación
Cuestionó el proceso de validación de las huellas, asegurando que no hubo una adecuada infraestructura adecuada para realizar el referido procedimiento.
«Llegado el momento de la validación, la norma establecía taxativamente que el CNE debería desplegar una infraestructura de validación en razón de una captahuella por cada mil validantes, dado que eran un millón trescientos cincuenta mil correspondía haber desplegado 1.350 máquinas. El CNE volvió a cambiar las rayas y colocó solo 300 en todo el país», precisó.
Finalmente Díaz insistió en que se apeguen a las normas, y permitan al país salir de la crisis a través de una vía constitucional como lo es el referendo revocatorio.
«El CNE es el árbitro político del país. Sabemos que ustedes están muy conscientes del papel que la historia les ha reservado para esta delicada coyuntura. Sabemos que ustedes saben perfectamente la tajante diferencia entre árbitro y arbitrariedad. Entendemos que ustedes tienen derechos políticos que suponen preferencias, pero también sabemos que ustedes tienen el criterio suficiente como para separar, si así lo quisieran, su inclinación política de la imparcialidad en la toma de decisiones que les exige su alta investidura», concluyó.
