El titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, indicó que su despacho ha recibido 80 denuncias por violación de derechos humanos durante la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), desplegada por fuerzas del Estado desde hace un año.
Afirmó que la actuación del Poder Moral ha sido remitir lo casos a la Fiscalía General de la República, aunque considera que el plan de seguridad ha sido «beneficioso» para la ciudadanía.
«Hemos recibido aproximadamente, como Defensoría del Pueblo, unas 80 denuncias, las cuales han sido tramitadas ante el Ministerio Público como corresponde y, en lo personal, he conversado con el ciudadano ministro de Relaciones Interiores para siempre tener, de parte de nuestra institución, puntos propositivos para mejorar, corregir fallas dentro de esos operativos donde el pueblo sea el beneficiario”, manifestó en rueda de prensa este jueves.
Vale recordar, la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, expresó este miércoles su preocupación por los OLP´s, que en su opinión han generado más violencia entre la población.
Saab consideró que el exceso policial o militar debe ser castigado; no obstante, sigue viendo estos casos como un asunto de responsabilidades individuales. «El Estado venezolano está obligado a actuar en contra de quienes usen armas en contra de ciudadanos», dijo.
Ley contra la Trata de Personas
Este jueves el defensor del pueblo encabezó la instalación de una mesa técnica interinstitucional para abordar el tema de la trata de personas en Venezuela. Aunque no ofreció cifras, afirmó que se ha intensificado especialmente en la zona fronteriza.
«La institución ha visto como un punto neurálgico la frontera de Venezuela con Colombia, donde han sido recibidas denuncias al respecto. Hemos querido, como Estado, asumir esto de una forma seria, responsable, sin escándalos, sin amarillismo, sin estridencia, buscando articular con las instituciones que corresponde”, expresó Saab.
Entre las propuestas del Poder Moral esta la creación de una ley en cuyo proyecto ya trabaja la Defensoría, que imponga severas penas a quienes se dediquen a este «moderno tipo de esclavitud» que victimiza a sujetos vulnerables como mujeres y niños. Lo segundo sería desplegar una campaña institucional para alertar a la población sobre el tema y promover la denuncia.
Además, «crear políticas públicas que aborden este tema y que en espacios como escuelas y otros de carácter popular sean dictadas charlas donde “nosotros como Estado, incluso, como sociedad organizada, presentemos este tema como central de la sociedad venezolana que debe ser, repito, erradicado, con el apoyo de todos”, expresó Saab.
