La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó su preocupación por la cantidad de denuncias que ha recibido su despacho por hechos de violación de derechos humanos cometidos en el marco del Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP).
Así lo manifestó en el marco de una entrevista concedida este miércoles a Venevisión.
«Nos preocupa las OLP por la cantidad de denuncia que ha recibido el Ministerio Público sobre violaciones de derechos humanos (…) En el caso de la Cota 905 tenemos denuncia de destrucción de viviendas, de hurto por parte de los funcionarios interventores y más recientemente las realizadas en el 23 de Enero, en la que particulares participaron como funcionarios activos, hechos que nosotros estamos investigando”, manifestó.
Las declaraciones corroboran lo denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos en el país, así como por la Asamblea Nacional.
Así mismo, Ortega criticó las políticas de seguridad implementados desde el gobierno nacional, que en su opinión han contribuido a aumentar los índices de inseguridad en el país.
«Eso tiene que ver en con los planes que se han implementado”, dijo.
“En el caso de las OLP nosotros creemos que en la medida que la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta por supuesto propicia también la violencia», señaló.
Evasión de Jhonny Bolívar
Por otro lado, la titular del Ministerio Público se refirió a la presunta evasión del asesino de Adriana Urquiola, Jhonny Bolívar, de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto.
Aseguró que su despacho pudo confirmar que se encontraba en esa cárcel el pasado viernes 15 de julio, pero cuando el fiscal acudió de nuevo este martes 19, para hacer una inspección sorpresa, las autoridades del penal le negaron el acceso.
“Nosotros pudimos ver a través de las redes sociales que estaba circulando esta información, por ese motivo el día viernes 15 un fiscal de derechos fundamentales se trasladó al Centro Penitenciario Fenix a constatar la estadía de este ciudadano en el mismo, y constató que se encontraba detenido, privado de libertad en este centro”, explicó.
Indicó que la acción podría ser un hecho punible, aunque no precisó si se abrió un expediente por esta situación.
“La Constitución y la ley establece la obligatoriedad que tienen los fiscales del Ministerio Público de constatar tales situaciones en los centros carcelarios, es decir, también es una obligación de los funcionarios, custodios de las cárceles, permitirles el acceso a los fiscales. Lamentablemente ayer el fiscal no pudo entrar, aún cuando es una obligación constitucional de que se le permita el acceso”, expresó Ortega Díaz.
