Mientras el Gobierno no esté dispuesto a admitir que el país atraviesa por la peor crisis económica, política y social de su historia, continúe buscando a los enemigos dentro del movimiento empresarial, y cerrando el cerco al aparato productivo, no será posible que pueda encontrar una salida para seguir avanzando, asegura el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.
Ratifica que no es aplicando nuevas fiscalizaciones, controles o amenazando con poner presos, a quienes se encargan de generar riqueza y empleo en el país, e importando, como se va a resolver el problema del desabastecimiento y de las colas, ya que la única alternativa viable y posible es aumentando la producción nacional y es el Estado el que tiene los instrumentos en sus manos para alcanzar estos objetivos.
Asegura que el alto Gobierno no aprende de sus fracasos, al referirse la nueva Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que viene a complementar los CLAP que se han convertido en nuevos factores de corruptelas, Martínez ratifica que el Ejecutivo va en dirección contraria a lo que está reclamando la economía y el país.
-Es incomprensible e ilógico que los productores agrícolas del país hayan tenido que viajar a Colombia en búsqueda de semillas y otros insumos, debido a que no existen en el país; Agropatria no tiene capacidad para atender las necesidades de los productores nacionales, quienes se han venido quejando porque no tienen fertilizantes, agroquímicos, repuestos y lubricantes para las maquinarias y equipos, a lo que se suma la ausencia de una política de precios ajustada a la realidad inflacionaria que vive la Nación, lo que les permitiría atender sus compromisos y poder continuar trabajando en el campo-, dijo Martínez.
Asegura el líder del empresariado, que mientras la inflación hace estragos en el ingreso de los trabajadores venezolanos, desde el Ejecutivo no se está haciendo absolutamente nada para revertir el ritmo acelerado que mantiene este fenómeno, que afecta a todos los venezolanos por igual, pero en mayor medida a los sectores de menores recursos, que son los que dice proteger el Gobierno con sus políticas.
