Caracas, 7 de julio.- Porque no se concretó el traslado entre la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, y el Palacio de Justicia de Caracas, la Sala 1 de la Corte de Apelaciones difirió por segunda vez el acto donde se revisaría la sentencia a 13 años de prisión que pesa sobre Leopoldo López.
El argumento para decretar el nuevo retardo fue que una protesta en la carretera Panamericana imposibilitó el tráfico, lo que a juicio de la defensa representa otra irregularidad en el proceso judicial que comenzó hace dos años.
“Esta causa no es imputable a Leopoldo López, ni tampoco a la defensa. En este caso los fallos en el traslado, así como cualquier abuso cometido contra mi defendido son imputables al Ministerio de Defensa y por tanto al señor Nicolás Maduro de manera que la única conclusión posible es la liberación inmediata de mi defendido», manifestó Juan Carlos Gutiérrez, abogado líder del equipo legal que defiende al líder político.
Cabe recordar, fue el 18 de noviembre del año pasado cuando la defensa de López introdujo su escrito de apelación, tras una demorada en la publicación de la motiva de la sentencia que lo condenó.
Un mes antes, el 10 de octubre, la juez Susana Barreiros leyó la decisión que lo encontró culpable de los delitos de asociación para delinquir y determinador en daños e incendio, sentencia que comparte con los estudiantes Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, quienes hoy cumplen su condena en libertad.
La primera fecha fijada para la audiencia fue el 20 de junio, pero no se realizó porque uno de los magistrados de la Sala no se presentó.
Apoyo
En las adyacencias del Palacio de Justicia, donde se ubicó el acceso general a quienes acudirían al acto, se reunieron diversos personajes de la política nacional e internacional, entre quienes figuraron el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, diputados y dirigentes de Voluntad Popular, los diputados y miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, Cecilia Britto y Gustavo Penadés, y los abogados españoles que se integrarían a la defensa de López, Javier Cremades y Alberto Ruíz Gallardón.
Los últimos fueron rechazados por las autoridades judiciales y ni siquiera se les permitió la entrada.
«Hoy los militares nos han impedido acceder al recinto, pero vendremos las veces que sean necesarias porque la defensa de los derechos humanos es un motivo por el que merece la pena luchar”, replicó Ruiz Gallardon, a quien le pareció «inconcebible» que la audiencia haya sido suspendida por segunda vez.
