La cámara baja aprobó el miércoles por unanimidad un proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos.
El Senado decidió en abril extender las sanciones hasta 2019, por lo que la legislación será remitida ahora a la Casa Blanca para que el presidente Barack Obama firme el ejecútese.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato.
Washington ha congelado activos en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos en el marco de la ley sancionada en 2014 y cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de 2016.
La congresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, ambos republicanos de Florida que propulsaron la ley en 2014, exhortaron el miércoles al presidente Obama a sancionar aún más funcionarios venezolanos.
«Como el pueblo venezolano no tiene libertad, protesta por la falta de comida y cosas necesarias, y vive en una economía que se sigue deteriorando, tenemos que seguir presionando a los opresores mediante congelar activos y prohibir las visas de los violadores de derechos humanos que forman parte del régimen de Maduro», dijo Ros-Lehtinen refiriéndose al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Otro patrocinador de la ley, el demócrata Bob Menéndez, llamó a los gobiernos del continente a «adoptar medidas similares para presionar al gobierno de Maduro y apoyar juntos a la sociedad civil venezolana».
El jefe de estado repudió en abril a la legislación, a la que caracterizó como «un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista».
