La situación de violencia, de inseguridad y las actividades delictivas en el país y en el Estado Lara de manera particular, siguen en vertiginoso ascenso, a pesar del empeño del gobierno en hacernos creer lo contrario.
Es algo común, como los organismos de seguridad se esmeran en anunciar programas, planes, decretos, etc, pensando que con ello pueden crear una matriz de opinión favorable a la paz social, necesaria para lograr una mejor calidad de vida.
Pero todo se convierte en intentos fallidos, puesto que en la práctica, la realidad es otra y los actos delictivos tales como: secuestros, atracos, homicidios, violaciones y otros, se han convertido en algo cotidiano, con el agregado de la participación en estos hechos de algunos funcionarios de los cuerpos policiales.
También existen otros elementos, que han venido alterando la conformación de los organismos de seguridad, y es lo relativo a la creación de diversos cuerpos policiales, guardias del pueblo, milicias y los llamados colectivos, todos ellos fuertemente armados y mejor equipados, pero revestidos de una alta contaminación política e ideológica.
No obstante, las cifras que nos suministran semanalmente las autoridades, solo vienen a confirmar el incremento antes indicado, además, el gobierno nacional ha reconocido públicamente, la participación en estos hechos de alrededor del 20% de funcionarios con responsabilidad en estos planes de contingencia, y recientemente la O.N.U. señaló, que Venezuela era el país con el más alto índice de de homicidios en Suramerica.
Otra circunstancia preocupante, es lo relativo a la impunidad reinante en el Poder Judicial, donde son absueltos o se benefician con medidas cautelares, a ciudadanos con participación protagónica, debidamente comprobada, pero que mediante subterfugios son saltados a la torera, los cargos contenidos en los expedientes y desde fecha reciente se implementó el “Plan Cayapa”, especie de Habeas Corpus de la revolución.
Por otra parte, no se puede obviar en este análisis la presencia cada vez mayor de delincuentes colombianos de las FARC y el ELN, en los estados fronterizos y hasta se comenta lo mismo de la ETA, lo cual introduce elementos perniciosos y degradantes a la ya trastocada sociedad civil venezolana, con la pérdida de los valores morales, la distorsionada conducta de la juventud y la actitud permisiva de algunos padres.
Es más que evidente, la necesidad de realizar un gran esfuerzo desde el alto gobierno, pasando por los padres y representantes, autoridades educativas, depuración de los cuerpos policiales y del Poder Judicial, revisar el sistema penitenciario vigente; solo así se pudiera pensar, con autoridad, en mejorar las cifras delincuenciales, incluso porque no pensar en la posibilidad de instrumentar la Misión “guerra al delito”. Valor y Pa´lante.
