Ante la solicitud hecha por el Presidente de la República –tanto a la Fiscalía como al TSJ– de abrir una averiguación a cualquier persona que denuncie la grave situación que se vive con el agua potable, la Mesa de la Unidad fija posición y expresa lo siguiente.
El abastecimiento de agua potable a la población, especialmente en cuanto en a la calidad y continuidad de estos servicios públicos, nos merece una atención absolutamente prioritaria. Así consta en los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Democrática, que hemos dado a conocer ampliamente al país.
En dichos Lineamientos, se exponen nuestras preocupaciones por el creciente deterioro de la calidad de los recursos hídricos y especialmente de aquellos que son suministrados a los hogares de los venezolanos, los cuales cada día llegan con mayor deficiencia o simplemente no lo hacen.
En las últimas semanas se ha hecho crítica la situación de la calidad del agua potable en dos importantes regiones: Monagas y Carabobo.
El derrame petrolero que contaminó las aguas del río Guarapiche, el pasado 4 de febrero causó un inmenso daño social, ecológico y económico.
Dicho daño tiene su origen en el deterioro institucional de la industria petrolera y especialmente de los entes encargados de la gestión ambiental, responsables de actuar con celeridad ante las contingencias que son comunes en dichas actividades. Por todo esto nos preguntamos ¿Qué sanciones se han solicitado para los responsables?
En la Cuenca del Lago de Valencia, donde hay una población mayor de tres millones de habitantes, varias organizaciones de la sociedad civil han venido demostrando, a través de diferentes estudios y análisis, que el agua no es potable. El causante de esta situación es el Gobierno Nacional al haber ejecutado durante el 2007, unas obras de transvase de aguas de pésima calidad y efluentes cloacales no tratados hacia la vertiente del río Pao, fuente de abastecimiento del Acueducto Regional del Centro.
El Señor Presidente de la Republica ha exhortado a la Fiscal General a investigar las declaraciones de diferentes voceros sobre la contaminación del agua, afirmando que «eso es un delito» ya que se produce pánico a la población. Esas amenazas no tienen otro sentido que acallar lo que es ya un clamor en muchas zonas del país. Por ende, habrá que investigar los reclamos de cientos de miles de venezolanos.
Al Presidente le recordamos lo que es evidente, lo que el pueblo recibe en sus casas y muestra cada día, no es una «guerra sucia» como lo señala y pretende eludir con una mentira más de estos 13 años de gobierno, es sencillamente «agua sucia».
Lo lógico Presidente, es solicitar que se investiguen las causas de los problemas existentes y a los responsables de que ocurran. Como el gobierno se niega aceptar esta realidad, lo invitamos a que se designe una comisión científica independiente para que tome las muestras de aguas necesarias, las analice y haga del conocimiento público los resultados.
Las angustias de los venezolanos no se resuelven con amenazas, Presidente. Finalmente le recordamos al Presidente que, y de acuerdo con la CEPAl, Venezuela es el único país de América Latina y el Caribe que disminuyó la cobertura de agua potable para sus habitantes. Como población servida solo puede considerarse la que tiene asegurada un suministro continuo y apropiado en cantidad y calidad.
Por lo antes dicho le preguntamos a usted Presidente y a sus Ministros: ¿Qué porcentaje de la población del país puede afirmar que recibe agua potable de manera continua?, ¿Qué porcentaje puede asegurar que el agua es potable?, ¿Dónde está la información periódica sobre calidad de agua que las empresas de acueductos están obligadas a hacer públicos, mensualmente, por mandato legal?
¡Responda Presidente! En el país, el porcentaje de población que cumple con estas condiciones se ha reducido en lugar de aumentar. Los servicios públicos y en especial el de agua potable y saneamiento, son cada vez más deficientes en su administración.
Foto: Archvo
