Ayer martes se realizó el foro “Aportes de la Sociedad Civil a la Nueva Legislación Agraria”, con el fin de exponer planteamientos ante expertos en ese ámbito, para definir propuestas y presentarlas ante la Asamblea Nacional con el propósito de beneficiar, a través de políticas públicas, al agro venezolano.
La actividad tuvo lugar en el salón de conferencias del Postgrado de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y estuvo organizada por la Facultad de Agronomía de la UCLA, Acción Campesina y el Consejo de Coordinación Agropecuario del Estado Lara (Ccael). Los ponentes en esta oportunidad fueron, el consultor internacional, Rigoberto Rivera, quien abordó el tema de la nueva visión hemisférica del desarrollo agrícola y rural en América.
El segundo ponente fue Nerio Naranjo, decano de la Facultad de Agronomía de la UCLA, quien manifestó el enfoque del desarrollo agroalimentario desde la óptica regional. El tercer ponente fue Juan Luis Hernández, consultor de Acción Campesina, quien expuso la propuesta del Observatorio Venezolano de Tierras, Ambiente y Pobreza Rural, como un medio alternativo que monitoree la situación de las tierras en general, donde se evalúe y discutan políticas públicas que permitan condiciones adecuadas al trabajo del agro venezolano.
Manuel Gómez, director general de Acción Campesina, relató que a través de este foro se escucharán propuestas de parte de los productores, que permitan concebir una mejor calidad laboral y de vida para aquellos que día a día trabajan en ello.
Asimismo manifestó que una de las condiciones más deplorables en las cuales se ve inmerso el agro venezolano, es debido a las “normativas y políticas para estipular precios respecto a los ajustes cambiarios”. Citó un ejemplo donde explicó como el Gobierno suministra algunos recursos para producir café, arroz, maíz, entre otros, pero el problema se presenta cuando el productor va a vender su cosecha, “este debe venderla a un precio regalado lo que evita que sea viable trabajar la tierra para producir esos productos”.
Destacó que el Estado controla los precios y eso limita al productor, entonces todo termina “perjudicando a los consumidores”, ya que a raíz de esto surge el desabastecimiento en los anaqueles y demás.
Finalmente indicó que la propuesta de un Observatorio de Tierras se iba a discutir en el foro, ya que es necesario monitorear, hacer seguimiento, análisis y evaluación de proyectos en materia de tierras, defensa del ambiente y erradicación de la pobreza rural. Por esta razón Gómez tildó que “la situación agraria es un desastre”, partiendo de los obstáculos que impone el Estado para asumir más poder del correspondiente en cuanto al desarrollo del sector agrario.
