La Asamblea General de la OEA aprobó el miércoles en la noche remitir al Consejo Permanente la solicitud de Venezuela de evaluar la actuación de su secretario general Luis Almagro.
La declaración para evaluar el «respeto a la institucionalidad y normativas de la organización» por parte de Almagro fue aprobada con 19 votos a favor, 12 en contra, dos ausencias y una abstención.
«Se ha dado una votación histórica», dijo de inmediato la canciller venezolana Delcy Rodríguez en conferencia de prensa, quien presentó la propuesta por considerar que el diplomático uruguayo ha usado su función y el presupuesto de la OEA para atacar al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro.
La actuación de Almagro con respecto a Venezuela es «indebida, ilícita y fraudulenta», según Rodríguez, quien aseguró que su propuesta había recibido «apoyo mayoritario» de los asistentes a la Asamblea.
«Siempre hemos tenido certeza jurídica sobre el trabajo que hemos realizado», dijo Almagro en conferencia de prensa al referirse a su inminente evaluación por parte del Consejo Permanente. Destacó que Venezuela no logró que dicha declaración fuese incluida como una resolución de la Asamblea.
La iniciativa de Caracas fue secundada de inmediato por Nicaragua, cuyo vicecanciller Denis Moncada insistió en que Almagro renuncie.
«Estamos ante una crisis de institucionalidad generada por el secretario general», detalló el diplomático. Moncada explicó que Almagro, quien asumió el puesto en marzo del 2015, «no logró ubicarse en la dimensión de su cargo».
El canciller de Ecuador, Guillaume Long, apoyó la necesidad de que Almagro se limite a sus funciones y deje de emitir sus opiniones personales sobre Venezuela o cualquier estado en particular.
La canciller venezolana aseguró que Almagro ha ofendido a Maduro, al calificarlo públicamente como «traidor, mentiroso, ladrón, dictadorzuelo».
«Hemos llegado al colmo de los colmos», denunció Rodríguez, al destacar que Almagro ha contratado un asesor de comunicación que recibe 8.000 dólares mensuales, erogados de los recursos financieros de la OEA, para atacar aVenezuela y su presidente.
Según la diplomática, el asesor de comunicación de Almagro, Sergio Jellinek, utiliza presuntamente su cuenta privada en Twitter para emitir mensajes contra el gobierno venezolano.
Rodríguez insistió a lo largo de la 46ta Asamblea General que sesionó desde el lunes en Santo Domingo que Almagro encabeza un «linchamiento» contraVenezuela al haber invocado la Carta Democrática Interamericana por considerar que el gobierno de Maduro ha vulnerado el orden constitucional.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos tiene previsto reunirse el 23 de junio en su sede en Washington para analizar un informe que presentó Almagro a fines de mayo sobre la situación de Venezuela. En ese encuentro, los cancilleres tendrán la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de evaluar una eventual suspensión del país sudamericano.
La OEA anunció el miércoles que el Consejo Permanente sostendrá, por solicitud del gobierno de Caracas, otra reunión previa el 21 de junio para escuchar a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá sobre sus gestiones de mediación entre el gobierno de Maduro y la oposición.
Por iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los tres exmandatarios se han reunido durante el último mes con representantes de la oposición y del gobierno venezolano en busca de establecer una mesa de negociación.
La situación de Venezuela, donde la oposición reclama un referendo revocatorio mientras la población padece una severa escasez de productos básicos y medicamentos y una escalada inflacionaria, no estaba incluida en la agenda de la Asamblea General, que concluye el miércoles, pero ha estado en el centro de los debates.
En tanto, el secretario de Estado estadounidense John Kerry apoyó la víspera, en la primera sesión de la Asamblea, la posibilidad de que los venezolanos se expresen «de manera pacífica y democrática» a través de los mecanismos establecidos por la Constitución, como el referendo revocatorio, y expresó su preocupación por la crisis económica de ese país.
La delegación estadounidense promovió sin éxito que la Asamblea General aprobara una resolución sobre Venezuela a fin de que la OEA exprese su preocupación por su situación política y la crisis económica.
«Se acabó el tiempo formal para introducir una resolución formal» en la Asamblea, explicó en conferencia de prensa el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Michael Fitzpatrick, pero confió que «lo haremos en el momento adecuado».
Mari Carmen Aponte, secretaria adjunta del Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental, detalló que dicho proyecto de resolución tiene como meta exhortar «el diálogo y apoyando el entendimiento para poder buscar soluciones permanentes y que sean fructíferas para Venezuela y para los venezolanos».
Kerry acordó la víspera con la canciller Rodríguez abrir a la brevedad posible conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y ofreció establecer un canal de asistencia humanitaria para llevar medicamentos a la población venezolana. El diplomático había dicho la víspera que el país sudamericano vive una «crisis humanitaria», donde personas «mueren en una fila, esperando ayuda médica que requieren».
Varios de los cancilleres asistentes han manifestado su apoyo a la mediación que promueve la Unasur y a la necesidad de que los venezolanos resuelvan entre ellos sus diferencias.
«La situación de Venezuela será resuelta por los propios venezolanos», dijo en conferencia de prensa el canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien pidió «dar espacio a una negociación entre venezolanos».
La Asamblea General también aprobó por unanimidad una declaración de desagravio al pueblo dominicano por el apoyo de la OEA a la invasión militar estadounidense a República Dominicana en 1965, que dejó más de 2.000 muertos.
«Este gesto tiene una significación extraordinaria», comentó el canciller dominicano Andrés Navarro.
Además, la Asamblea aprobó la declaración de Santo Domingo, en la que los países de la región se comprometen a trabajar por el desarrollo sostenible y emprender acciones para enfrentar el cambio climático. Los miembros también aprobaron, luego de 17 años de debate, una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas.
