La directora de la ong Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó que en el Tribunal 13° de Control de Caracas cursa una causa contra ella por su presunta participación en la supuesta “fuga de información confidencial del Palacio de Miraflores”, por la cual se investiga a su cuñada, Ana María de San Miguel.
En este sentido, acudió este jueves al Palacio de Justicia de Caracas para juramentar como abogado defensor a Carlos Nieto Palma, quien denunció el hostigamiento del que viene siendo víctima la defensora de derechos humanos por parte del Servicio Bolivariano de Información (Sebin). En nombre de esta investigación el correo electrónico de San Miguel fue interceptado desde el pasado 7 de septiembre, aún sin haber sido imputada legalmente.
“Se presume que Rocío esta siendo investigada por el Sebin y por el Ministerio Público, y por eso se ordena la intercepción de su coreo. Nosotros creemos que el Servicio de Inteligencia tras la persecución de San Miguel, enturbiando y entrabando su trabajo como defensora de DDHH”, señaló Nieto.
Por su parte, la directora de la ong ratificó su condición de perseguida debido a su labor en la investigación y denuncia de irregularidades en las Fuerzas Armadas Nacionales.
“Reitero al país que no tengo absolutamente nada que ver. Se me vincula con la vinculación que se hiciera contra el coronel de José de Jesús Gámez Bustamente, quien se encuentra detenido en Ramo Verde, a quien nunca he visto en mi vida y no conozco de trato, hecho o comunicación”, manifestó.
Fiscalía asegura que ha protegido a San Miguel
El Ministerio Público informó sobre la citación que hiciera este jueves a Rocío San Miguel, a que se presente el viernes antela Unidadde Atención ala Víctima(UAV) del Área Metropolitana de Caracas (AMC), con el fin de “notificarle que se tramitará la prórroga de las medidas de protección solicitadas a petición dela Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH)”.
“A San Miguel se le tomará entrevista para verificar el cumplimiento por parte dela Policía Municipalde Sucre de las medidas acordadas en su oportunidad e informarle de la solicitud de prórroga que se efectuará ante el Tribunal 36° de Control del AMC”, señala la nota de prensa de la institución que circuló al final de la tarde.
Agrega la comunicación que que tal trámite “permitirá extender las medidas de protección mediante vigilancia policial por el lapso de otros seis meses, pues la anterior se hizo en fecha 21 de marzo de este año”.
Frente a la citación del Ministerio Público resalta las reiteradas denuncias hechas por la defensora de derechos humanos sobre la omisión de las instituciones del Estado, incluyendola Fiscalía, a dar cumplimiento a las medidas acordaras por el organismo hemisférico el 18 de enero de 2012, como consecuencia del acoso y amenazas que vienen sufriendo la abogada, extensivas a su hija menor de edad.
Esta persecución fue denunciada oportunamente por San Miguel, sin que hasta la fecha el el Ministerio Público iniciara una investigación al respecto.
Finalmente señala la nota de prensa que las medidas de protección fueron acordadas porque San Miguel “ha alegado persecución por parte de personas que no ha podido identificar hasta ahora ante los organismos de seguridad del Estado”.
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