Efectivos antimotines reprimieron violentamente con chorros de agua y gases lacrimógenos, lanzados en las inmediaciones de un hospital, a decenas de adolescentes que intentaron marchar sin permiso el jueves por la principal arteria capitalina en demanda de reformas al sistema educacional.
Los estudiantes secundarios intentaron agruparse en una plaza céntrica donde suelen iniciarse las marchas, pero antes de que ésta comenzara la policía los dispersó con gruesos chorros de agua. Tras nuevos intentos, fueron empujados hacia dos parques cercanos.
Las escaramuzas se prolongaron por algunas horas en el lugar y calles aledañas. Cuando pequeños grupos lanzaron piedras a carros policiales, les lanzaron gran cantidad de gases lacrimógenos, sin considerar la cercanía del Hospital del Trabajador.
El viento elevó los gases hacia las ventanas de las habitaciones de los pacientes hospitalizados. En el primer piso del recinto se ubica el servicio de urgencias, normalmente con bastante público.
Los manifestantes fueron acorralados hacia calles alejadas de la céntrica avenida Libertador Bernardo O Higgins, pero se reagruparon una y otra vez para volver a enfrentarse con la policía. Se desconoce el número de detenidos.
Las manifestaciones estudiantiles recrudecieron esta semana: el lunes vulneraron la seguridad del palacio de gobierno para protestar en uno de sus patios, y en la víspera se infiltraron al Ministerio de Educación para colgar un gigantesco lienzo con sus demandas.
La gobernación de Santiago rechazó el trazado solicitado para la marcha y propuso dos alternativas, alejadas del centro, que fueron rechazadas.
Anticipándose a la represión, el dirigente Diego Arraña responsabilizó al ministro del Interior, Jorge Burgos, de los previsibles desórdenes. «Va a ser su culpa si hoy pasan cosas en la marcha», escribió en su cuenta de Twitter.
Acusó que hay un «amedrentamiento» hacia los secundarios y ejemplificó con que los nueve liceos ocupados ilegalmente en Santiago amanecieron rodeados por piquetes policiales.
El dirigente secundario José Corona dijo que exigen el traspaso de la administración de los colegios públicos desde las municipalidades al Ministerio de Educación, que considere un financiamiento directo a los colegios, que no esté sujeto a la asistencia de los alumnos, como sucede hoy.
«Si no hacemos de verdad un trabajo de cirugía, vamos a seguir teniendo a la educación pública en peligro de extinción», añadió.
El gobierno inició los cambios en la enseñanza secundaria centrado en escuelas particulares con aportes de los padres, y no en la educación pública, que se reduce gradualmente.
