Es absolutamente inconstitucional, viniendo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, paradójicamente, la decisión de prohibir que la gente manifieste frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país, en solicitud de celeridad para llevar el proceso del referendo revocatorio, afirma la Dra. Blanca Rosa Mármol de León.
Pero nosotros ya sabemos que la Sala Constitucional pone a la Constitución a decir lo que el régimen quiere que diga, indicó. En consecuencia, ya hemos visto que las decisiones del Ejecutivo eran: “No se puede dejar que las manifestaciones lleguen hasta el CNE”. “No se puede llegar al municipio Libertador”. Eso fue cantado, anunciado y ejecutado. Todo el mundo sabe que se llevaron al muchacho, que fue el único que con una pancarta pasó hasta el frente del CNE, donde un militar se la arrancó violentamente en presencia de los periodistas que lo entrevistaban. Además hubo represión contra los manifestantes.
Esa decisión tribunalicia, prosiguió la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es “plasmar jurídicamente” la voluntad del Ejecutivo, como siempre. Es una medida absolutamente inconstitucional porque todos tenemos el derecho a manifestar, de acuerdo a la Constitución.
Por otra parte, lo del CNE es infame al establecer nuevos pasos para continuar con la solicitud del revocatorio. Tenemos un CNE que en lugar de propiciar la realización del revocatorio, como es su obligación constitucional, tiene como objetivo impedir que se realice este año para que el año próximo el régimen continúe con la designación del vicepresidente en el cargo de Presidente.
– ¿Cómo ha visto los ejercicios militares que se han realizado el fin de semana en todo el territorio nacional, ordenados por Nicolás Maduro ante supuestos planes de intervención armada al país?
– Esos ejercicios tienen como fin amedrentar a la población venezolana, pretendiendo hacer un despliegue de fuerza y de disciplina, que dudo mucho que exista en estos cuerpos organizados por el Gobierno. Creo que esto está conectado con ese cuento que el Ejecutivo ha venido propagando con el propósito de declarar un Estado de Conmoción Interior. Todo esos ejercicios y esa intención de tener una fortaleza en la Fuerza Armada estaría muy bien si estuviera dirigida a cuidar nuestra frontera. Si estuviera dirigida a mantener el Esequibo bajo control y no entregado a diversas naciones como se encuentra. Y es absolutamente contradictorio con la existencia en Venezuela de un Presidente extranjero en ejercicio. Es un contrasentido absoluto y no puede tener otra finalidad que amedrentar.
– ¿Qué le parece la calificación del expresidente José “Pepe” Mujica sobre Maduro, de que éste está actuando como una cabra loca?
– Creo que si él, que es su amigo y uno de los apoyos fundamentales que ha tenido en su política, se atreve a decirle esa expresión, significa que es tan evidente la falta de sentido común, que ni siquiera ese expresidente puede evitar expresarlo. Es la corroboración de que estamos en el camino correcto los que estamos haciendo algo para cambiar de gobierno. De un gobierno desquiciado que nos ha llevado a la ruina.
– ¿No se excedió Maduro al decretar además de la emergencia económica un Estado de Excepción?
– El Estado de Excepción decretado por Nicolás Maduro es una decisión propia de un dictador. Además, la emergencia económica le fue negada ya dos veces por la Asamblea Nacional. Sin embargo, él pasa por encima de eso y lo lleva a la práctica. Y el Estado de Excepción ha sido decretado dos veces y en nada ha cambiado la situación del país. Aún más: ahora está amenazando con decretar un Estado de Conmoción Interna. Eso es el preámbulo de una guerra civil bajo el argumento de que hay un golpe de Estado.
– ¿En ese sentido es que se ha planteado la actuación de la Asamblea Nacional al solicitar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana?
– Dada la grave situación que estamos viviendo, era indispensable hacerlo. Ahora bien, lo importante es que se logre, como es la intención de la solicitud, que se convoque al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) o a una asamblea extraordinaria para considerar el caso y que después se consagre una intervención democrática, digámoslo así, en Venezuela. Que se logre, depende de la mayoría de los dos tercios de los integrantes de la OEA. Yo no sé si los tenemos, aunque la situación del organismo ha cambiado en vista de lo que ha sucedido en América Latina, como son los casos de Argentina y Brasil, donde las cosas no están como antes y probablemente tengamos unas mejores perspectivas.
– En esa solicitud, ¿los argumentos planteados por la Asamblea Nacional están estrictamente apegados a las exigencias establecidas para aplicar esa Carta?
– Claro. Se ajustan completamente porque en Venezuela, evidentemente, hay una ruptura del orden democrático, que es la alteración constitucional de las funciones que deben cumplir los poderes públicos, ya que ninguno puede sobreponerse sobre otro. Vemos a diario cómo el Poder Ejecutivo violenta las normas constitucionales y se ha planteado una guerra de exterminio a la Asamblea Nacional, amenazando públicamente y en ruedas de prensa con los medios internacionales con extinguirla de un plumazo, señalando que le queda poco tiempo de existencia, utilizando a la Sala Constitucional para paralizarla, anulando todas sus ejecutorias y lo más grave: usurpando sus funciones, declarando inconstitucional las leyes aprobadas.
– ¿Esas amenazas de Maduro de acabar con la Asamblea Nacional no implican un hecho extraordinariamente grave, por cuanto desconoce la Constitución?
– Evidentemente, es un hecho gravísimo y es una declaración abierta de su voluntad dictatorial. Vamos a hacernos la pregunta: ¿para qué quiere disolver la Asamblea Nacional? O ¿por qué pretende hacerlo? La respuesta es muy sencilla y clara: porque ahora la Asamblea Nacional está integrada por una mayoría democrática, una representación mayoritaria de la oposición que tiene sentido democrático y se ajusta a todo lo establecido en la Constitución y actúa en base a los fundamentos precisos que contiene ese texto constitucional. Desde antes que se realizaran las elecciones del 6 de diciembre de 2015, ya había sido tomada una decisión de atacar a los diputados demócratas si estos resultaban mayoría en el Poder Legislativo. Los ataques de la Presidencia no han amainado. Además la utilización de la Sala Constitucional para paralizar y anular todas las actuaciones de la Asamblea ha sido evidente hasta ahora. Maduro no tiene empacho en demostrar que quiere acabar con lo poquito que queda del sistema democrático: el Poder Legislativo, que es el único poder independiente. Del resto, no hay independencia de poderes. Absolutamente, el régimen quiere que se haga su voluntad expresada a través de estos magistrados que hace tiempo dejaron de serlo, porque manifiestan y acatan plenamente la voluntad del Presidente. Es una realidad irrebatible que él ordena todas las decisiones que debe tomar el Tribunal Supremo.
Durante la entrevista concedida a EL IMPULSO, la Dra. Blanca Rosa Mármol de León dijo que Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, no tiene ninguna vinculación con el problema electoral. El hecho de haber presidido el CNE no le da derecho a participar en la revisión de las firmas.
Acerca de la detención del jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que ese procedimiento perpetrado por funcionarios de cuerpos de seguridad sin orden de un juez corrobora una agresión más a la AN con el fin de amedrentar a los diputados demócratas.
Perfil
La Dra. Blanca Rosa Mármol de León es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en Ciencias Penales y Criminalísticas.
Ejerció la docencia tanto en esa casa de estudios como en la Universidad Católica Andrés Bello.
Una vez que dejó la magistratura fundó un escritorio jurídico que se ocupa de diversas áreas, entre las cuales cabe mencionar delitos financieros, Derecho Penal, contratos internacionales, Derecho de Internet y propiedad intelectual.
Está considerada en el mundo del Derecho como una de las profesionales mayormente capacitadas en la especialidad del Derecho Penal, cuyas decisiones se caracterizaron por su firmeza y coherencia.
Goza de admiración y respeto por los votos y decisiones que tomó como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que han marcado hito en la historia de la jurisprudencia venezolana.
Ingresó a la carrera judicial en 1975 como Defensora Pública octava del Circuito Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.
En 1980 fue designada Juez décima novena de Primera Instancia Penal en la misma jurisdicción.
Siete años más tarde alcanzó el cargo de Juez Superior noveno en lo Penal de la Corte Judicial del Circuito Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.
En 1999 fue integrante de la Corte de Apelaciones del mismo circuito y, luego en el 2000, escogida como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal.
