Familias enteras se están desplazando como consecuencia de la aplicación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), reveló Andrés Colmenárez, representante de la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) en el estado Lara.
Estamos monitoreando desde el año pasado este operativo ordenado por el Ejecutivo Nacional en la comunidad Las Sábilas.
Ese monitoreo se ha realizado conjuntamente con la profesora Yonaide Sánchez, de Transparencia Venezuela; y el sociólogo Nelson Fréitez, de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Apenas a tres días de iniciado el operativo nos dirigimos a esa comunidad, cuando estaba tomada por la Guardia Nacional Bolivariana, refirió. Allí pudimos constatar mediante el reconocimiento in situ y entrevistas a las víctimas, cómo la OLP había comenzado con un traspié.
Y decimos que fue así porque el operativo se inició un lunes, pero desde el sábado la comunidad había recibido el alerta, incluso por medios de comunicación pro oficialistas, de que les iban a aplicar el operativo. Eso ocasionó que los individuos que están al margen de la ley, que viven y tienen azotado al sector, se fueran antes de que se presentaran los funcionarios armados.
Desde el mismo momento en que comenzó, la OLP violó derechos humanos fundamentales, como el de libre tránsito, porque las personas que entraban y salían del urbanismo, de sus viviendas, eran requisadas, revisadas y se les exigía documentación de identidad para constatar si efectivamente pertenecían a Las Sábilas.
Pero no sólo se violentó ese derecho. También el acceso a bienes y servicios, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la asociación que es un derecho consagrado en la Constitución y se viola con estos operativos de seguridad.
Estamos actualmente monitoreando lo que consideramos familias desplazadas internas. Vemos con preocupación cómo un fenómeno que se conoce en otros países, por ejemplo Colombia, como consecuencia de la violencia interna, se está traslando a la realidad venezolana.
En estos momentos hay nueve familias que tuvieron que salir de Las Sábilas, tumbar las casas que tenían, porque fueron amenazadas por los colectivos que hacen vida allí, por supuestamente haber brindado información a los cuerpos de seguridad.
Aún más, tenemos información corroborada por habitantes de Las Sábilas que los funcionarios que quedan en esa urbanización les están cobrando coimas obligatoriamente. Concretamente, les exigen dinero y alimentos.
Los cuerpos de seguridad no les garantizan a sus funcionarios la alimentación y la seguridad dentro de la comunidad.
Vemos que este operativo que el presidente Nicolás Maduro relanzó en una segunda fase a principios de mayo, no fue sino un pañito de agua tibia para un paciente que está muy delicado, como es Venezuela.
