El gobierno colombiano y las FARC expresaron el jueves desde Cuba su interés de que los menores de 15 años en las filas de esa guerrilla abandonen cuanto antes los campamentos rebeldes.
Las delegaciones negociadoras en La Habana instalaron en la isla la mesa técnica encargada de la elaboración del protocolo para la salida de los menores de los campamentos de las FARC.
«Explicamos el carácter humanitario de este gesto de confianza y expresamos nuestro interés en que el regreso de los menores se produzca lo antes posible», dijeron el gobierno y las FARC en un comunicado conjunto.
El regreso a la vida civil de los menores que están en las filas de las FARC se hará con la Unicef como garante.
Uno de los objetivos del acuerdo anunciado el domingo por las partes, agregó el reporte oficial, es «garantizar (a los menores) la restitución de sus derechos».
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le dijo el miércoles a la AP que los cálculos de la cartera a su mando es que las FARC tienen en sus filas a unos 170 menores de edad: 100 hombres y 70 mujeres.
La Fiscalía colombiana informó el lunes pasado que entre 1975 y 2014 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclutaron ilícitamente a 11.556 menores de 15 años.
El ente investigador ha calificado como «una política sistemática, reiterada y dirigida» el reclutamiento de menores por parte del grupo guerrillero.
Desde fines de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC adelantan en la capital cubana un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave como una reforma agraria, la participación en política de los guerrilleros, la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de minas antipersonales, el resarcimiento de las víctimas y la justicia transicional o la forma como los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes.
Aún quedan por resolver puntos complejos como el cese bilateral del fuego, el abandono de las armas por parte de los insurgentes y las zonas de ubicación transitoria para los guerrilleros.
