Mediante un comunicado público, la organización Amnistía Internacional advierte que «el anuncio sobre la firma de un Decreto de Excepción y Emergencia Económica realizado por el Presidente Nicolás Maduro el 13 de mayo, pone en mayor riesgo la ya frágil situación de derechos humanos en el país».
En este sentido, Marcos Gómez, director ejecutivo del organismo internacional en Venezuela, explica que siempre los estados de excepción traen excesos y los más perjudicados son los ciudadanos inocentes.
“El catálogo de abusos a los derechos humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante Estados de Excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante,» dijo.
Asegura que Venezuela atraviesa una grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica.
«Las medidas derivadas del Estado de Excepción no deben ser usadas para reprimir las manifestaciones pacíficas, en especial aquellas que tengan que ver con reclamos por derechos sociales, económicos y políticos y que, de ninguna forma, sirvan para justificar la detención arbitraria de quienes participen en estas», explicó el defensor de derechos humanos.
Recordó que los Estados de Excepción no derogan las garantías constitucionales, por lo tanto cualquier exceso debe ser denunciado ante las autoridades pertinentes.
“El gobierno de Venezuela debe recordar que los Estados de Excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos», resaltó Marcos Gómez.
El comunicado además precisa que en Venezuela los Estados de Excepción tienen penosos antecedentes.
«En los años 1989, 1992 y 1999, por ejemplo, los cuerpos de seguridad cometieron violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que todavía no han sido efectivamente investigadas ni sus víctimas reparadas adecuadamente», recuerdan.
Entre agosto y septiembre del 2015, el gobierno adoptó una serie de decretos que afectaron a un grupo de municipios en las zonas fronterizas con Colombia, por los cuales se militarizaron dichas zonas.
«Ante los operativos bajo estos decretos de Estado de Excepción, se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias, así como tratos crueles y discriminatorios contra ciudadanos de nacionalidad colombiana, incluida la separación de familias, expulsión de refugiados y solicitantes de asilo entre otras graves violaciones de derechos humanos», finaliza el comunicado de Amnistía Internacional.
