El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo de Grazia, aseguró este martes en rueda de prensa que el Gobierno tiene claros intereses de sanear las zonas mineras para entregárselas a 35 países mediante compañías transnacionales.
Durante la sesión ordinaria del pasado jueves, la comisión que investigaba la masacre de Tumeremo entregó un informe donde se detalla que el autor intelectual fue el Gobierno, mientras que Andrés Jamilton Ulloa, alias El Topo se encargó de acabar con la vida de los mineros.
El parlamentario explicó que parte de la información que obtuvieron se debió a la investigación previa, realizada por el comisario y jefe del Comando Especial Antisecuestro de la policía del Estado Bolívar, José Gregorio Lezama, quien le especificó al ministro Gustavo González López, cómo se articulaban las bandas armadas con ayuda de altos funcionarios.
En ese informe, se acusa al general retirado y comisionado especial de la gobernación, Julio Cesar Fuentes Manzulli, de entregar credenciales policiales y armas a los jefes de estos grupos delictivos.
Además se aseguró que el jefe de seguridad del alcalde de ciudad Bolívar, Sergio Hernández, es un “pran” apodado como El Sapito, que controla la mafia en el sector la Paragua.
De Grazia destacó que el contenido que allí reza, fue consignado ante el jefe de la cartera ministerial el 26 de enero del 2016, es decir, dos meses antes de que ocurriera la masacre la situación era conocida por los organismos oficiales, sin embargo, a su juicio se han dedicado a enmascarar a los funcionarios involucrados en las mafias del oro.
“La razón para planificar una masacre que no tiene precedente en la historia de Venezuela, es simplemente interés de entregar nuestra soberanía, de entregar 118.847 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 45% del estado Bolívar y el 12% del territorio nacional”, dijo.
Añadió que una de las implicaciones de otorgarle concesiones a las compañías extranjeras, sería la pérdida de la hidroeléctrica del Guri, la reserva forestal de Imataca y las cuencas del Caura.
El también dirigente de La Causa R anunció que acudirán a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento del Mercosur, para evitar que el territorio venezolano sea “hipotecado” y se cometa un crimen ecológico, donde además estarían en riesgo 12 etnias indígenas.
Finalmente, puntualizó que no admitirá que se le amenace con retirarle la inmunidad parlamentaria, pues, por representar un cargo de elección popular, está llamado a investigar sobre lo ocurrido en este sector del estado Bolívar el pasado 4 de marzo.
