Un plan piloto en seis estados del país, para combatir las mafias de acaparamiento y la reventa de productos básicos a precios especulativos, conocidas como bachaqueo, implementarán en forma conjunta la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Precios Justos, anunció el defensor del pueblo, Tareck William Saab.
El alto funcionario precisó que este plan se ejecutará tanto en entidades de baja densidad poblacional como en otros estados que tienen gran cantidad de habitantes, denunciando la existencia de mafias que se dedican al bachaqueo.
-Vamos a actuar de manera coordinada en un trabajo de combate a las mafias bachaqueras en favor de los derechos humanos de los usuarios-, precisó.
Señala que esta iniciativa nace a partir del trabajo que ha venido realizando la defensoría, con el cual se ha detectado este tipo de modus operandi que afecta la justa adquisición de productos básicos por parte de los ciudadanos.
-Durante el 2015 y 2016 hemos realizado 5.200 inspecciones a mercados, automercados, cadenas de abastos privados y públicos para tener un panorama más amplio de la situación. Eso nos arrojó un diagnóstico donde, por ejemplo, detectamos que sí existen mafias que toman los primeros 100 o 200 primeros puestos en las colas, a través de listas y con complicidad interna de empleados de esos grandes supermercados, para facilitar y promover la reventa, el acaparamiento, la especulación, es decir, el delito al que ahora se le ha dado el nombre de bachaqueo-, aseguró.
Indicó que junto al superintendente nacional, William Contreras, se realizó un taller especial para dar luz verde a este protocolo conjunto que coadyuve en la lucha que se emprende desde distintas instancias del Estado para combatir este flagelo.
Advirtió que el organismo que dirige, ha recibido denuncias que acusan a los cuerpos policiales de este municipio de cooperar y formar parte de esta red delincuencial.
Explicó en Globovisión que estos casos son de estricta competencia de la Superintendencia de Precios Justos pero, de igual forma, la Defensoría ha coordinado con otras instituciones con competencias para abordar esta situación, en función del respeto a los derechos la población.
