En el primer semestre de 2015 Venezuela vivió un incremento de 83% en las manifestaciones de calle llevadas a cabo por habitantes que reclamaban principalmente el derecho a los servicios de calidad; como agua, aseo, gas y entre otras problemáticas que forman parte de la calidad, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Para ese momento la escasez y el desabastecimiento estaban presentes en los anaqueles de los supermercados y farmacias, mientras que empresarios, productores agropecuarios, gremios médicos y economistas advertían que si no se toman las medidas acertadas para la fecha, las consecuencias serían más graves de lo imaginado en los siguientes años.
A finales de 2015 se vivió un proceso electoral en el que claramente los ciudadanos le enviaron un mensaje al Ejecutivo nacional. Más allá de tendencias políticas pidieron cambios para lograr la estabilidad económica que desde hacía años se venía perdiendo.
Algunas modificaciones llegaron con el Año Nuevo: incremento al precio de la gasolina, aumento del salario mínimo y bono de alimentación, reformas en el sistema cambiario, pero siguieron siendo insuficientes ante el deterioro de la capacidad productiva, agudizado con el desplome de los precios del petróleo que lleva a la situación económica del país a no ser sustentable a corto plazo; advertido por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.
Han transcurrido cuatro meses del 2016 y las condiciones se han agravado. En los hogares la crisis se incrementa porque cada vez son menos los alimentos que llegan a la mesa o son adquiridos por un valor más alto que el día de salario. Las colas desbordan las cuadras de las ciudades y el desespero llega cuando no se consigue el medicamento para evitar las convulsiones, mantener la vida de un paciente con cáncer o garantizar el crecimiento adecuado de un bebé.
Rafael Uzcátegui, coordinador General de Provea, manifiesta que todos los signos de la crisis se han agudizado en los últimos meses por el poco acceso a los servicios y que ahora se le suma los racionamientos eléctricos que ha llevado a más de una comunidad a cerrar las calles y expresar sin ningún temor el descontento por las políticas de Gobierno.
Que se haya excluido Caracas del racionamiento eléctrico, para el defensor de los derechos humanos, se trata de una discriminación inaceptable hacia las regiones, llevando a una mayor calamidad a sus habitantes, que sienten frustración y buscaran los mecanismos para tener una solución a sus problemas, que podría ser el referendo revocatorio o cualquier otra salida constitucional.
Pero aclara que si el Ejecutivo sigue negándose a interpretar el mensaje del pueblo y para mantener una ideología política opta por cerrar esos canales pacíficos y democráticos, a través de barreras emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral o cualquier otro ente público, se podrían llegar a desencadenar escenarios preocupantes de explosión social.
“Se están realizando muchas protestas aisladas que podrían articularse y desembocar en una gran exigencia de derecho”.
En la primera semana del plan de racionamiento anunciado por el Ministerio de Energía Eléctrica se registraron diversas acciones de calle; en Anzoátegui los manifestantes protestaron y el resultado fue 13 personas detenidas, en Maturín saquearon un camión de alimentos, en el estado Zulia más de 120 personas fueron detenidas por vandalismo, saqueos a seis establecimientos de comida, a un camión de medicamentos. En Lara, Carabobo, Mérida, Táchira y Trujillo los ciudadanos también salieron a las calles.
En las redes sociales se mostraron vídeos e imágenes cuando un grupo de personas desesperadas sacaban azúcar de un camión.
La socióloga y coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Lara, Yonaide Sánchez, explica que los habitantes cada vez tienen menos recursos para resolver sus problemas, principalmente de alimentación. Con la altísima inflación el sueldo mínimo alcanza para comprar un kilo de queso, dos pollos, unas harinas si consiguen; que en una familia de cinco personas no les durara mucho. Mientras que en Lara hay centros de abastecimiento perteneciente al Estado que han ido cerrado como en Tarabana, la Concordia, en Patarata no abre todos los días, en Río Claro sólo duró abierto algunos meses. “Eso genera que la escasez sea mayor, que las personas se sumen a otras colas”.
Considera que la estrategia de distribución de bolsas de comida por hogares no ha funcionado, porque se hace imposible que un país se abastezca llevando la comida a todas las casas. En algunos sectores llegó sólo una vez.
Cuando no hay válvulas de escapes a las personas no les queda otra opción de acudir a las protestas para expresar su desesperación y frustración.
“Los linchamientos a delincuentes que se han registrado en diversas comunidades es otra muestra de que las personas no tienen confianza en los cuerpos policiales o judiciales y prefieren tomar la justicia por sus manos”.
¿Se probó la paciencia del venezolano o fue sumisión?
La socióloga desconoce si es intencional por parte del Estado, pero en la práctica pareciera que sí se está probando la paciencia del venezolano. Agrega que una de las dificultades que se ha tenido en el país es un Gobierno que no reconoce los problemas y cuando eso sucede no hay propósito de rectificación, más allá de ideologías políticas.
“No se trata de un mal manejo de políticas públicas, sino también un grave problema de opacidad, de transparencia; entonces los ciudadanos comienzan a preguntarse dónde están los recursos que eran para inversión, para las plantas termoeléctricas para contrarrestar el déficit de El Guri”.
Sánchez no cree que se trate de sumisión, sino que durante muchos años el Ejecutivo tuvo el respaldo de los altos precios del petróleo permitiendo que las deficiencias se disimularan y postergaran. Se creaba la percepción de que se estaban cumpliendo las metas. Sin embargo, se ha visto la fractura en la credibilidad y confianza que le dieron los ciudadanos durante muchos años al Gobierno y que este no honró; no sólo con bienes y servicios, sino con la probidad de los recursos manejados.
No están preparados
Con los disturbios desarrollados durante la semana en el estado Zulia, fueron desplegados más de mil efectivos militares para controlar lo saqueos y manifestaciones, que aclararon las autoridades no se estaba militarizando la entidad, ni se trataba de un toque de queda; eran las acciones para restablecer el control.
Ante la posibilidad de una explosión social por la falta de productos de primera necesidad, los cuerpos de seguridad no estarían preparados para atender el conflicto, al menos así lo considera Uzcátegui, no sólo se refiere a la capacidad de respuesta, sino de adiestramiento.
Recordó que con el Caracazo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado adoptar todas las providencias necesarias para evitar que vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos de 1989. Que se ejecutaran las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad; sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites a los que deben estar sometidos, aun bajo los estados de excepción y el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
