La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados, que fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 30 de marzo de 2016.
No obstante, a través de la sentencia N° 327 con fecha 28 de abril de 2016 publicada en el portal web del TSJ, señala que la entrada en vigencia «está supeditada al cumplimiento, por parte de la Asamblea Nacional, del extremo necesario relativo a la viabilidad económica que permita garantizar el cumplimiento de la finalidad social que involucra tal ley».
A continuación la decisión textual emitida por la Sala Constitucional del TSJ a través de su portal web:
A través de la sentencia N° 327 del 28 de abril de 2016, por solicitud del presidente de la República, la Sala Constitucional resolvió la solicitud de valoración de la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados que fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo de 2016.
Señala la referida decisión que dicha Ley cumple los parámetros de constitucionalidad y que su entrada en vigencia está supeditada al cumplimiento, por parte de la Asamblea Nacional, del extremo necesario relativo a la viabilidad económica que permita garantizar el cumplimiento de la finalidad social que involucra tal ley.
La sentencia señala que es inherente al Estado Social de Derecho el otorgamiento de beneficios sociales a las poblaciones vulnerables como los adultos mayores y que las políticas de Estado han venido incrementando progresivamente el número de beneficiarios.
