El gobierno brasileño presentó el jueves una petición ante la Corte Suprema de Justicia para anular el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff con el argumento de que todo el procedimiento está «contaminado».
Fue el paso más reciente en semanas de riñas legales en torno a un proceso en el Congreso que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en el país más grande de Latinoamérica.
La Cámara de Diputados prevé votar el domingo si avanza el procedimiento basado en denuncias de que el gobierno de Rousseff violó leyes fiscales.
El abogado general, Jose Eduardo Cardozo, dijo que el presidente de la cámara baja Eduardo Cunha, desde hace años la némesis de Rousseff, impulsó el juicio político de manera tal que fue más allá de las acusaciones.
Cardozo dijo lo mismo acerca del informe presentado a la comisión especial, que votó el domingo enviar la medida al pleno de la cámara. Dijo que la discusión incluía la crisis política, la recesión y la investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
«No nos referimos a los méritos del juicio político» sino al proceso, dijo Cardozo a la prensa.
No estaba claro si la Corte Suprema estudiaría la petición antes de la votación del domingo. Si lo hiciera después, aún podría anular el proceso independientemente de lo que vote la cámara.
Para proceder, el juicio político requiere 342 votos, una mayoría de dos tercios en la cámara de 513 bancas. De ser aprobado, el procedimiento pasa al Senado.
