La decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lamentada por varios gobiernos, debilitará la máxima instancia jurídica regional y podría alentar a otros países, también críticos de ese organismo, a hacer lo mismo, según analistas.
México, Amnistía Internacional y el jefe de la OEA, el chileno José Miguel Insulza lamentaron los trámites iniciados por el gobierno de Hugo Chávez para desvincularse de la CorteIDH, a la que acusa de actuar con sesgo político contra Venezuela.
La cancillería de Brasil, uno de los países que ha cuestionado algunos fallos de la Corte en su contra y que promueve una reforma del sistema regional de derechos humanos, conformado por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declinó comentar la decisión de Chávez tras ser consultada por la AFP.
«Esta decisión de Venezuela es muy preocupante porque debilita el sistema (interamericano de DDHH), y crea el riesgo de que otros países sigan el mismo camino. Es un precedente peligroso», afirmó Mauricio Santoro, profesor de Relaciones Internacionales y asesor de Amnistía Internacional en Brasil.
El lunes, la OEA informó que Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo que dio a inicio a un proceso que la excluirá de aquí a un año de la jurisdicción de la Corte Interamericana.
De los 34 países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) 23 miembros, incluido Venezuela que seguirá sometido a los fallos hasta que concluya los trámites, reconocen la competencia de la corte.
Estados Unidos, Canadá y varios países de habla inglesa del Caribe y América Central nunca suscribieron los convenios que admiten la jurisdicción de la Corte, y Trinidad y Tobago abandonó la Convención en 1998.
En el caso de la Comisión Interamericana de DDHH, que formula críticas y recomendaciones no vinculantes, y revisa los casos antes de pasarlos a la Corte, los países sólo pueden dejar de pertenecer a la misma si abandonan la OEA.
Chávez, que ha criticado con dureza la actuación del sistema interamericano de derechos humanos, justificó la salida de su país de la Corte por considerarla un «brazo del imperio para agredir» a su país.
Caracas expresó su particular irritación con la reciente condena de la Corte en el caso del venezolano Raúl Díaz Peña, que murió mientras cumplía una sentencia carcelaria de seis años por participar en 2003 en atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia.
«La gente en Venezuela va a perder un mecanismo de protección muy importante, y esta decisión manda una señal preocupante. Esto no ayuda a fortalecer el sistema interamericano, es un retroceso», dijo a la AFP Michael Shifter, director del Diálogo Interamericano en Washington
Otros expertos como Pablo Velasco, director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigaciones de Rio de Janeiro, consideraron que la decisión implica el «más duro golpe» jamás asestado al sistema interamericano de derechos humanos desde su consolidación a con el pacto San José en 1969.
«Venezuela es un país con influencia y su ejemplo puede ser acompañado por países que también pueden sentir que la Corte actúa con motivaciones políticas», agregó.
Ecuador, que coincide con Caracas en su caracterización de la Corte, impulsa una reformar del sistema interamericano de derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, justamente apeló a los gobiernos amigos de Venezuela para que intenten disuadirlo de su decisión.
«Es muy difícil predecir si el presidente Chávez reconsiderará su decisión, como lo están pidiendo» organismos de derechos humanos y líderes como el expresidente estadounidense Jimmy Carter, comentó Shifter.
