Todo sistema político democrático que sea diseñado para tener ciertos niveles de durabilidad en el tiempo, requiere unas “válvulas de escape” en función de poder escuchar las voces de aquellos que piensan diferente a los que ostenten el gobierno en un momento determinado.
Esto es clave, si pensamos en procesos de oxigenación necesarios para mantener la vitalidad democrática por largo tiempo. No hacerlo, implica generar acumulaciones de frustraciones colectivas que de proporciones minoritarias, llegan a convertirse en verdaderos tsunamis que culminan con saldos enormes que lamentar.
La democracia requiere dar cabida a todas las voces, en mayor o menor proporción, según su peso específico de apoyo popular, para canalizar mediante los mecanismos legales consensuados por la amplia mayoría, los caminos institucionales y así evitar “coladas” o “atajos” e inclusive, eventos lamentables que socaven las bases de una convivencia ciudadana mínima. Por eso, el tema de la libertad de expresión y de opinión es fundamental en esto de la convivencia y del procesamiento de las diferencias en paz y de acuerdo a las reglas. Al propio tiempo, se necesitan canales, vías, mecanismos de comunicación para que todas estos criterios puedan manifestarse oportunamente y sin cortapisas o manipulaciones.
Cualquier hegemonía en este sentido, sea económica o partidista e inclusive institucional, simple y llanamente, cierra las válvulas de escape necesarias.
En todo caso, Venezuela hoy vive un momento complejo que requiere de válvulas de escape constitucionales. Si no se leen bien las circunstancias actuales, correremos riesgos innecesarios de socavamiento democrático a mediano y largo plazo. El sistema de pesos y contrapesos justamente se creó en el mundo para poner frenos a las voluntades individualmente consideradas en favor de la voluntad general. Por consiguiente, los poderes públicos están enmarcados en competencias claramente distinguidas en función de actuar en cooperación y coordinación garantizando su autonomía. Cuando esto no ocurre –tal como vemos en el caso venezolano actual- se van cerrando peligrosamente las articulaciones necesarias para procesar los conflictos y las diferencias políticas; produciéndose el incremento de las tensiones sociales en un momento en el cual, la situación económica requiere de la máxima articulación de las políticas públicas para poder ser abordada eficazmente.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente desde su sala constitucional, promueve decisiones que trascienden la relación entre los poderes y se coloca por encima del resto de ellos, está cerrando las válvulas normativas del pacto social. En consecuencia, cualquier proceso de renovación y de ajuste necesarios para enfrentar determinadas situaciones se detiene abruptamente. Comienza a deteriorarse la legitimidad democrática y el refrescamiento se impide. Es muy claro el rumbo que una sociedad toma cuando se producen este tipo de hechos. La situación en general va involucionando hasta socavar definitivamente las reglas de convivencia.
Qué se puede hacer o esperar de este tipo de situaciones donde los procesos tienden a cerrarse. La respuesta es una sola y contundente. Potenciar la política. Potenciar la necesidad de construir puentes que impacten el ejercicio diario de los poderes públicos. El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por magistrados de carne y hueso que toman sus decisiones en el marco del ejercicio de la política. Ellos, como cualquiera de los venezolanos, valoran y se ven impactados por el entorno social. A partir de allí, toda acción política influye en el comportamiento de los actores del Estado. Venezuela valoraría muy positivamente señales que apunten en esa dirección ya que permitirían un abordaje más certero de la crisis económica profunda que padece la nación. La Política con acento mayúsculo debe ser reactivada lo más pronto posible. Las condiciones socioeconómicas de la población están agravándose cada día. Las respuestas institucionales no pueden seguir demorando. La temperatura de la nación ha ido creciendo los últimos meses exponencialmente y ya los paños calientes son insuficientes para poner coto definitivo a la situación. Necesitamos un esquema político de transición que oxigene el sistema y acelere las cruciales decisiones del Estado que tanto espera la población venezolana.
Venezuela requiere más que nunca, válvulas de escape que permitan viabilizar un concepto de país en marcha alrededor del cual, todos los venezolanos nos sintamos plenamente identificados. Este es un paso fundamental para conjuntar esfuerzos. Las dimensiones globales de nuestra crisis ameritan un engranaje colosal entre la sociedad y el Estado para generar un clima propicio de entendimiento y paz.
