Un ofrecimiento con posibles daños sociales. A propósito de garantizar a la población venezolana acceso a los alimentos, a precios no especulativos y sin cola, el Gobierno Nacional pone en práctica el Sistema de Distribución de Alimentos, que se plantea, a través de un censo y las conformaciones comunales, llevar a las familias una “bolsa” con artículos de primera necesidad, en una periodicidad aún por determinar.
En la entidad el programa tiene cuatro semanas de ejecución y según el diputado del Consejo Legislativo de Lara (CLEL), Luis Jonás Reyes Flores, el resultado ha sido sumamente satisfactorio. Han atendido 84.767 familias y en 427 jornadas han entregado 856 toneladas de alimentos. Un trabajo que comprende “el esfuerzo de las comunidades y el gobierno”, en conjunto con las empresas priva- das que se han sumado a la propuesta.
Sostuvo que la distribución de los alimentos se realiza sin dife- renciación política y a todos los venezolanos por igual. No obstante, al hacer un sondeo sobre este sistema, más de un
consumidor barquisimetano dijo que “se trataba de más de lo mismo”.
Como Rosalinda Figueredo, dama de la tercera edad, quien dijo que en algunos consejos comunales han vendido las bolsas de comida a los miembros principales de algunas familias y no a la comunidad. “Es lo mismo de siempre. En estas condiciones, donde no hay comida en la calle, la gente se aprovecha… y mientras tanto uno sigue en las colas, esperando a ver qué encuentra”.
Comentario que complementa lo dicho por Carlos Yépez, quien no cree que con este sistema se normalice el acceso a los alimentos. “Lo veo difícil, porque la verdad es que no hay comida en la calle y si la recogen para venderla en bolsas menos”. Se preguntó qué harán entonces las familias cuando la comida entregada a través de este sistema se acabe.
Ciudadanos como Carmen Campos, dicen temer que con esta propuesta el gobierno “centralice”, a través de Consejos Comunales, la “poca comida que queda en la calle”. Exclamó: ¡Dios nos guarde de que eso ocurra!
Por su parte, Moisés Guevara, vocero estadal del consejo presidencial de las Comunas- Economía Comunal, subrayó que la propuesta nace de la comunas, que solicitaron el 15 de agosto del 2015 al presidente de la República, Nicolás Maduro, ser ellos quienes distribuyeran los alimentos.
-Viendo los embates de la guerra económica y que el sistema de alimentación del Estado no era efectivo, solicitamos como pueblo organizado, al Presidente, la distribución de los alimentos, porque sólo el pueblo salva al pueblo.
Señaló que no existe mejor alternativa que el manejo de los alimentos por parte del mismo pueblo, lo que además “da poder al autogobierno, ya que el nuevo Estado es el Estado Comunal”.
Al consultarle si habría algún aspecto que corregir, indicó que desde las comunas realizan “esfuerzos y trabajo de cogobierno” entre el Gobierno Bolivariano y el Gobierno Comunal y “los errores se corregirán en el tiempo”.
El diputado Reyes Flores aseguró que el sistema ha sido diseñado para impedir la intervención de mafias. Dijo “creemos profundamente en el pueblo, su organización, voluntad y madurez política”.
Llamado al sector privado
Reyes Flores, junto con otros miembros del Estado Mayor de Alimentación en Lara, el cual incluye a los alcaldes revolucionarios de la entidad, formuló un llamado al sector privado a incorporarse a la actividad y así disminuir las colas en los establecimientos y el bachaqueo. Acotaron que con su apoyo, sumarían entre 400 y 500 toneladas de alimentos para atender a las familias venezolanas.
En este sentido, criticó que los empresarios “utilicen el tema divisas como excusa, para no producir”, lo que en su opinión, se traduce en “acciones orientadas a afectar al pueblo”. A pesar de ello, mantiene el llamado al sector privado a sumarse al programa.
El diputado fue enfático al indicar que no permitirán cuestionamientos al sistema por intereses políticos. Aseguró que “quienes se oponen al sistema son bachaqueros” y se oponen “al esfuerzo del gobierno para combatir la especulación”.
Por su parte, Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) recordó que según Gaceta 40.690, está reseñado que el gobierno cuenta con 295 empresas de producción de alimentos, cuya producción “no se aprecia en el mercado”.
En tal sentido, señaló que el problema, más que de distribución ha sido de producción, ya que “la única mercancía que se aprecia en las calles es la del sector privado”, la cual se ha visto afectada por falta de materias primas.
“Esto es un control más”, manifestó Ramos, quien aclaró que la entidad privada no obtendría ningún beneficio al oponerse al programa, tal y como lo ha dicho el gobierno.
-Tan sencillo como que, sino producimos no vendemos. Yo represento al sector comercio, y vendemos productos y servicios, pero si no producimos y tampoco importamos, ¿qué podremos vender? ¿qué le podemos llevar a los venezolanos?.
En opinión de la representante del sector comercio “si el gobierno se dedica a distribuir casa por casa, será otro fracaso, al igual que todos sus proyectos, sumado a que la malnutrición será directamente proporcional a los alimentos que lleven en las bolsas o dejen de llevar… Lo que también podría promover el trueque de esos productos, que como consumidor no necesito. Estarían coartando nuestras libertades y además retrocediendo en el tiempo con esta práctica”.
Instó al Ejecutivo nacional a evaluar el pasado, en especial experiencias “fracasadas” como la de los consejos comunales trabajando en conjunto con las cooperativas.
Bienes regulados y no regulados
Sobre el tipo de productos que serían distribuidos a través de este canal, Reyes Flores acotó que se trataba de productos de primera necesidad subvencionados y con precios controlados. Los productos no regulados, seguirán ofreciéndose a través de las redes públicas y privadas.
Al consultarle si el propósito es centralizar dichos artículos para distribuirlos a través del sistema, acotó que esto se logrará “sólo” con el apoyo del privado, que aseguró ha reconocido el valor de esta propuesta y ha mostrado voluntad de sumarse. Detalló que el propósito es “mejorar el acceso de los ciudadanos a los alimentos”.
-En Lara hay una recepción importante de alimentos, pero se debe mejorar la distribución y eso es lo que queremos hacer con el sistema… Las familias no tendrán porque sentir preocupación por este programa.
Por su parte, Ramos señaló que según información que han obtenido de Barinas y Vargas, la intención es distribuir estas bolsas de manera quincenal. En tal sentido, cuestionó cuál sería el origen de estos productos, ya que, quienes se mantienen produciendo, “aunque sea poco”, son los privados.
Definió el programa como “bolsas del gobierno con producción privada”.
Calificó el sistema como un control más. No obstante, recordó que si bien es el sector privado el que produce, es el gobierno quien emite las guías de movilización desde la empresa fabricante, por lo cual serían ellos los responsables de las fallas en la distribución.
“No podemos asumir ninguna responsabilidad, si no ejercemos ningún control en los procesos”, manifestó.
En tal sentido, manifestó que un sistema de este tipo, pondría en peligro los puestos de
trabajo de miles de venezolanos que laboran en el sector comercio, ya que si no tienen qué vender, “porque todo se llevará a las alcaldías y consejos comunales”, deberán bajar sus santamarías, “aún después de haberse mantenido de pie luego de tantas trabas”
-Lo que no lograron con la destrucción de aparato productivo, las guías de movilización y control de venta por captahuellas o número de cédula, lo harán con este programa y es cerrarnos.
El derecho a escoger
Reyes Flores calificó como “un logro importante” que las personas puedan recibir las bolsa de alimento, sin siquiera salir de sus hogares, ni formarse en largas colas. No obstante, Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Consumidores y Usuarios (Anauco), sostiene que la práctica violenta múltiples derechos constitucionales, “en el instante en el que se exige un carnet político para adquirir los productos”.
Explicó que se vulnera el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), del acceso a los alimentos, permanente y oportuno, así como el artículo 21, que se refiere a la igualdad de las personas ante la ley y por tanto, la prohibición de la discriminación por raza, sexo, credo, condición social o aquella actividad que anule el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.
“Vivimos en una suerte de economía donde todo es como una emergencia, una misión, como una suerte en la que el Estado debe buscar un mecanismo especial… Pero lo que queremos es ser ciudadanos normales que van al mercado y compran todo en la economía formal, sin colas, limitaciones, riesgos, ni pagando más”, dijo León Parilli, quien además señaló que para superar la actual crisis se deben buscar soluciones de fondo y no superficiales.
“Todos los países de la región han conseguido esa estabilidad y nosotros vivimos en una dependencia de los puntos rojos de entrega de alimentos y de consejos comunales, lo que coarta el derecho de los consumidores y discrimina”.
Aseguró que según denuncias recibidas por Anauco y recabadas en la calle, la ciudadanía se declara “indignada”.
-La población entiende lo que ocurre. Entiende que el Estado ha aplicado políticas públicas que han detenido el aparato productivo y que ha despilfarrado el dinero.
Apuntó que las personas “no aceptan tener que agradecer a la población por una bolsa de comida”.
“Quieren que consumamos lo que ellos nos lleven”, dijo Cipriana Ramos, quien recordó que según especialistas en nutrición, desde hace varios años los venezolanos mantienen una dieta no balanceada y sustituyen la proteína por carbohidratos, mal hábito que podría ser promovido por este programa.
-No hay huevo, no hay pollo, no hay carne. El venezolano come muy mal y según hemos recibido información, estas bolsas tienen un aceite, una harina, azúcar, harina de trigo, que no es una necesidad, y detergente. No hay garantías de una buena alimentación.
Por su parte, Luis Jonás Reyes, aseguró que junto con el Instituto Nacional de Nutrición (INN), el Gobierno Nacional, evalúo la realidad de las familias y el consumo energético que estas requieren.
Advirtió que la propuesta se desarrollará hasta que se logre estabilizar el sistema de distribución de alimentos.
Denuncias por discriminación
Luis Jonás Reyes aseguró que el programa ha sido diseñado para evitar cualquier intervención indebida. Sumado a ello cuentan con mecanismo de regulación como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), comisiones de alimentación y la contraloría comunal.
-Será muy difícil que logren desviarlos y revenderlos. El trabajo se realiza por censos y el sistema de compras es prepagado. Además, las familias deben firmar como conformes para evitar la desviación del producto.
Acotó que para denunciar cualquier tipo de discriminación, las personas se pueden dirigir a la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara).
Sin embargo, Roberto León Parilli apuntó que, más que bolsas de comida, la ciudadanía exige “acceso a los recursos”, sin más limitaciones que las habituales de un mercado estable.
