Fedecámaras: Economía venezolana vive un proceso de encarcelamiento

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La situación de la economía venezolana hoy es verdaderamente crítica, expresa Fedecámaras en un llamado de alerta al país, en donde expone la grave situación por la que en este momento atraviesan las empresas nacionales y sobre las consecuencias que ello tendrá para el ciudadano, si no se produce urgentemente un cambio de rumbo, que sea claro y decidido, de la política económica del Gobierno nacional.

Francisco Martínez, presidente del organismo cúpula empresarial, acompañado de los representantes de los distintos sectores, expuso los planteamientos recogidos de los organismos de base, durante la realización del Consejo Nacional del pasado martes.

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Precisó que las señales enviadas por el Gobierno, en la dirección de un posible cambio de la política económica, resultan claramente insuficientes para revertir la grave crisis económica que experimenta el país. Tal situación exige del Gobierno nacional atender con sentido de urgencia las serias distorsiones macroeconómicas que durante los últimos años se han acumulado.

Estima el empresariado que vivimos una crisis que, por su magnitud, debe ser encarada de manera integral, con asertividad y precisión. Asimismo advierten que el Gobierno solo no puede ni podrá con la crisis económica. Se requiere que el Gobierno, los trabajadores y los empresarios lleguen a consensos básicos sobre las reformas que pueden contribuir a reactivar el aparato productivo en el corto plazo.

Encarcelamiento de la economía

Agrega el documento que Venezuela vive un proceso de creciente encarcelamiento de su economía. Las intervenciones del Estado sobre la economía han promovido un debilitamiento de las capacidades productivas del sector privado y una creciente dependencia del país respecto de las importaciones.

Estiman que la producción se ha deteriorado debido a la ausencia de seguridad personal y jurídica en el país; a la inestabilidad macroeconómica, que dificulta planificar a corto, mediano y largo plazo y crea un entorno desfavorable para la reinversión continua; un régimen cambiario rígido y disfuncional, caracterizado por varios tipos de cambio, que distorsiona la fijación de precios de bienes y servicios e imposibilita el acceso a las divisas que requieren las empresas; un régimen de control de precios, que fija linealmente un mismo margen de rentabilidad para todos los sectores económicos,sin atender la diversidad de estructuras de costos.

Asimismo señalan una multiplicidad de regulaciones que contienen disposiciones que dificultan la actividad privada. Una ausencia absoluta de incentivos a la inversión privada.

Venezuela no puede seguir permitiendo una mayor precarización de la vida cotidiana, ni mucho menos el crecimiento de la pobreza.

Medidas ausentes

El sector privado ratifica las propuestas, que hasta ahora no han sido escuchadas por el Gobierno:

Garantizar el respeto a los derechos de propiedad; garantizar condiciones de seguridad personal y pública (de personas y bienes); garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, para crear un entorno favorable a las inversiones; implementar mejoras en la infraestructura de servicios públicos, particularmente en electricidad y agua, sin olvidar la importancia de la infraestructura vial, hospitalaria y educativa, para facilitar el incremento sostenido de los niveles de producción.

Reformar el régimen cambiario de forma tal que se produzca la unificación cambiaria a una tasa razonable y que se garantice el libre acceso a las divisas; levantar progresivamente y de forma definitiva el régimen de control de precios; implementar estímulos fiscales para las inversiones de mediano y largo plazo en el país; implementar incentivos financieros para la modernización del aparato productivo nacional, facilitando la adquisición de maquinarias, equipos y tecnología.

Actualizar la legislación laboral y revisar y actualizar otras normas que forman parte del marco regulatorio económico de Venezuela.

Para generar un cambio, Venezuela requiere de un acuerdo entre el Estado, los trabajadores y la empresa privada, que tenga por finalidad la rápida reactivación de la economía.

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