Un informe parlamentario recomendó el miércoles abrir un juicio de destitución contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en un nuevo capítulo de la grave crisis que golpea a la principal economía de América Latina.
El diputado Jovair Arantes, autor del informe, presentó sus conclusiones en una tumultuosa sesión de la comisión parlamentaria de 65 miembros, que debe votar su parecer el próximo lunes.
Arantes se pronunció por «la admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad» de Rousseff.
Rousseff, de 68 años, está acusada de maquillar las cuentas públicas en 2014, para favorecer su reelección, y a inicios de 2015. La oposición considera que se trata de un «crimen de responsabilidad», en tanto que la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) denuncia un «golpe de Estado».
Según el informe, «la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación».
«Tales actos justifican la apertura excepcional del mecanismo de impeachment», subraya.
El voto de la comisión deberá ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el lunes 18, según un calendario sujeto a modificaciones.
Para que el impeachment prospere, debe contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios).
En ese caso, pasaría al Senado y, de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de seis meses, en espera del veredicto final, que estará igualmente en manos de la cámara alta.
Rousseff sería reemplazada entonces hasta el fin de su mandato en 2018 por su vicepresidente Michel Temer, contra quien la corte suprema pidió también un proceso de impeachment.
Temer pertenece al partido centrista PMDB, que la semana pasada rompió su alianza con el PT.
Brasil entra así en una zona de turbulencia acentuada, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos de Rio (5 al 21 de agosto).
Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
A favor o en contra
Rousseff, con una popularidad bajo mínimos, recurrió a su predecesor y mentor Luiz Inacio Lula da Silva para motivar a su electorado tradicional, desmovilizado por una recesión económica que se está convirtiendo en la peor en casi un siglo y por el megaescándalo de corrupción en Petrobras.
«El pueblo fue a la calle y vamos a proteger el mandato de Dilma», dijo esta semana Lula en un acto en Sao Bernardo do Campo, en la región paulista, donde surgió como líder sindical en los años de la dictadura.
El cantante y compositor brasileño Chico Buarque y el teólogo Leonardo Boff, junto a otras figuras del mundo de la cultura, convocaron a un acto el lunes próximo en Rio de Janeiro para denunciar el «golpe blanco» que a su juicio representaría la destitución de Rousseff.
La Confederación nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), representante del próspero sector del agronegocio, se pronunció en cambio a favor del impeachment, alegando que Rousseff «ya no tiene autoridad para liderar el proceso de reformas ni la capacidad de unir a los brasileños».
Otras poderosas centrales patronales, como la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), también han pedido la salida de la jefa de Estado.
