Existe una Convención Interamericana contra la corrupción y lo razonable sería que los distintos gobiernos asumiesen que, más allá de sus buenas o malas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, tienen el deber colectivo de perseguir a la corrupción y de cooperar con la justicia para resolver situaciones como la que se acaba de suceder con los Papeles de Panamá.
La declaración fue formulada por el Dr. Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, al ser entrevistado por EL IMPULSO en torno al caso de algunos individuos vinculados con el régimen chavista-madurista que acudieron a la firma Mossack Fonseca para constituir empresas de maletín.
Por lo pronto, los hechos de corrupción se están quedando en meros escándalos, que se informan, pero no se procesan. Y a la primera funcionaria que habría que llamarle la atención es a la fiscal general de la República, porque por vía de noticia criminis está en la obligación de aperturar la investigación con relación a estos hechos que comienzan a ser notorios y públicos, frente a los cuales ella no puede mantenerse indifrente.
Entre los nombres que figuran en los Papeles de Panamá están los de Víctor Cruz Weffer, sobre quien fue abierta una investigación por corrupción en el Plan Bolívar 2000; Adrián José Velásquez, guardaespalda del hijo de Hugo Chávez, y su esposa Claudia Patria Díaz Guillén, enfermera del presidente fallecido y quien fuera tesorera de la nación: y Jesús Villanueva, auditor de Pdvsa cuando esta empresa era presidida por Rafael Ramírez.
Hay un hecho que señalarlo como positivo, dijo el Dr. Aguiar: “Finalmente, están saliendo a la luz pública todo aquello que se había denunciado y que el gobierno negaba de manera sistemática. ¿Qué significa esto? Parece ser que está llegando la hora de la justicia. Y obviamente, en la lista de crímenes de los que son responsables tanto el Estado venezolano como sus gestores principales. Hay que agregar justamente los gravísimos hechos de corrupción que han dado lugar a acelerar la crisis humanitaria y de salud que está viviendo Venezuela, Esto es producto no de la caida de los precios del petróleo, sino de un latrocinio colectivo que tuvo lugar en el robo del tesoro público en los últimos 17 años”.
Los bancos conficenciales
Por su parte, el Dr. Manuel Rachadell, constitucionalista y docente universitario, explicó que cuando alguien abre una cuenta en los bancos “confidenciales” lo hace para evadir impuestos o para ocultar fondos de origen ilegal o para lavado de dinero o narcotráfico o corrupción administrativa. Es por ello que en este escándalo hay que ver caso por caso. En el caso de los funcionarios públicos, que han venido devengando sueldos muy pequeños, se abre la posibilidad de que se inicie un procedimiento para comprobar el delito de enriquecimiento ilícito. El solo hecho de tener una cantidad de dinero que excede las posibilidades del cargo da origen a la apertura de esa investigación, en la cual se invierte la carga de la prueba.
El rastro del dinero
Carlos Tablante, ex gobernador de Aragua y coautor del libro El Gran saqueo, al ser entrevistado sobre el caso manifestó que con el escándalo de los Papeles de Panamá queda el rastro del dinero que se han robado los responsables del gran saqueo que sufrió el país.
Recordó las declaraciones que dio en el foro de EL IMPULSO, en el cual señaló que los nombres que han salido a la luz pública ahora ya habían sido denunciados en el libro que él escribió junto con el también investigador Marcos Tarre.
Indicó que Mossack Fonseca hacía las empresas de maletíin a la medida y con testaferros que son usados de manera múltiple, incluso algunos de ellos estando fallecidos, sus nombres son utilizados para el dinero que se quiere ocultar porque su origen es ilicito. Dijo que la Asamblea Nacional debe proceder a investigar el asunto. Debe hacerlo la fiscal general.
