El ciudadano común está observando la lucha que libran el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias del oficialismo frente a la Asamblea Nacional, conformada mayoritariamente por la oposición, y no puede, en este momento, comprender cómo estas ramas del Poder Público no puede cada una trabajar lo que constitucionalmente les corresponde.
Ante esta situación, al ser consultada telefónicamente desde la Redacción de EL IMPULSO, la doctora Cecilia Sosa, expresidenta del Poder Judicial, dice que para analizar el problema hay que partir de la esencia del asunto.
“Nicolás Maduro y su camarilla no quieren aceptar que perdieron el poder político de la Asamblea Nacional”, afirma tajantemente.
Lo perdieron porque el elector decidió renovar a la Asamblea Nacional con otros integrantes.
Como no lo pueden aceptar, todo lo que haga la Asamblea Nacional, no sirve, para el Ejecutivo, que utiliza con tal fin la palabra “inconstitucional”.
Si no entendemos eso, no entendemos lo que está pasando, precisa. Porque la Asamblea Nacional no sólo se ha venido ocupando de los aspectos institucionales, sino también de los problemas sociales de la población como cuando aprueba, como lo hizo el miércoles de esta semana al aprobar la ley de un bono de alimentación para los jubilados y los pensionados.
De inmediato salta el Ejecutivo y señala que esa ley es una farsa y que no hay presupuesto para cubrir ese gasto. Pero, es que el presupuesto lo tiene que poner es el Ejecutivo.
Ya no hay una objeción porque es la ley de amnistía o la del Banco Central de Venezuela,
Una ley como esa va a resolver de inmediato el problema que afecta a una gran cantidad de personas de la tercera edad, que les permita seguir viviendo.
Que los diputados del PSUV digan que esa ley no se puede ejecutar. nos indica claramente al estado en que han llegado al perder el poder político los representantes del oficialismo, Hacen pagar a la tercera edad por esa situación.
En otras palabras, si lo hace el gobierno, está bien, todo está permitido; pero si lo hace otro poder que no sea del oficialismo, no se aplica.
¿Qué ingeniería política está haciendo la Asamblea Nacional?
Está diciendo: tengo que resolver dos tipos de problemas. Voy a ver hasta dónde puedo presionar para atender y buscarle solución a la crisis económica; y, al mismo tiempo, cómo puedo acometer los asuntos de naturaleza institucional.
En lo que se refiere al aspecto económico está impulsando proyectos de leyes, que obliguen al Poder Ejecutivo a dar prioridad a ciertas áreas. Seguramente va a sacar una ley que obligue a resolver el problema de los fármacos, del acceso a la salud, de los insumos para los hospitales. Ya hemos visto que que se está ocupando del bono alimentario para las personas de la tercera edad, porque este es un asunto económico que afecta a los más desvalidos.
Y por otro lado, dice: si sigo aprobando leyes y el Ejecutivo va a usar la tenaza del Tribunal Supremo y de la Sala Constitucional, yo tengo que hacer una ingeniería política para impedir que eso continúe ocurriendo.
Entonces, ¿qué hizo? Un proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo de Justicia para aumentar el número de magistrados a la Sala Constitucional y quitarle esa mayoría de magistrados del PSUV. Esa es la realidad.
Ahora, ¿qué logró con eso? Porque el asunto no es que voy a aumentar el número de magistrados a quince y le quito la mayoría al oficialismo. Además, casi que me estoy copiando de un hecho que ya tiene un precedente cuando Chávez mandó que se sumaran todos los magistrados rojitos necesarios para controlar el TSJ. Y la Asamblea lo hizo: pasó de 15 a 32 magistrados. Ahora, esta Sala Constitucional va a pasar de 7 magistrados a 15.
Ese juego político tiene algo importantísimo que va más allá del número de magistrados. Lo primero es generar un proceso transparente para los mejores que cumplan las exigencias para ser magistrados, lleguen a la Sala Constitucional.
Un delito político siempre es contra el Estado
Antes de que se comenzara a redactar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, ya el Ejecutivo Nacional la había rechazado y la había descalificado. Le decía la ley de la impunidad. Le aplicó todos los calificativos habidos y por haber, dice la Dra. Cecilia Sosa.
Lo que pasa es que Nicolás Maduro no sabe lo que es un delito político. No tiene la menor idea y si la tiene la quiere esconder.
En este sentido, la jurista explica que un delito político, que es lo que está planteado en una amnistía, es aquel que se comete con motivo de una actuación política y que es conexo a una actuación política.
Obviamente son delitos contra el Estado en el sentido más amplio de la palabra. Se trata de hechos contra un gobierno porque se suceden por resistencia a la autoridad y, por supuesto, tienen motivos de interés colectivo.
Claro que atenta contra la paz pública. Claro que cuando se califica un delito político es de alteración del orden. Intimidación a funcionario. Puede inclusive producir daños a propiedades y a personas. Se obstaculizan las vías públicas. Pero, debe quedar bien claro que todos esos nunca se cometen para satisfacer intereses personales, sino para lo que se consideran principios generales de valentía, indignación, altruismo, cambio. La Sosa citó el caso del decreto ley de Chávez, el 31 de diciembre de 2007. ¿Cuáles fueron los hechos que cayeron en esa decisión? Los hechos de abril de 2002, la toma violenta de la alcaldía de Junin en el estado Táchira, la toma violenta de la gobernación del estado Táchira, la toma violenta de la gobernación de Mérida, los delitos de instigación de rebelión militar antes del 2 de diciembre del 2007, la privación de libertad del ex ministro de Interior, los hechos violentos de los buques petroleros y otras acusaciones de rebelión civil. Debemos destacar que cuando la periodista Vannesa Davis le preguntó cómo el pueblo que lo apoya va a interpretar esa decisión y su respuesta fue: El pueblo chavista es un pueblo noble y la va a recibir en el mismo espíritu que la estoy lanzando.
Los nuevos magistrados
El desafío que tiene la Asamblea Nacional es lograr constituir una nueva Sala Constitucional y para ello, dentro de su ingeniería política, está llamar a concurso a quienes se quieran inscribir, pero tienen que ser los mejores, insistió en resaltar la Dra. Cecilia Sosa.
Ese desafío hace que el Poder Legislativo tenga en la Sala Constitucional los mejores constitucionalistas del país, porque los escogidos serán aquellos que llenen los requisitos establecidos en la Constitución Nacional para ser integrantes del máximo tribunal de la República.
Esto quiere decir que quienes aspiren a ser magistrados deben tener una amplia trayectoria como abogados y como jueces, ya que ese es un requisito fundamental.
Al mismo tiempo tendrán que reunir otras características propias de un profesional que está llamado a aplicar justicia con criterio de equidad y basado en las leyes.
No van a ser seleccionados aquellos que tengan simpatía política, porque precisamente tiene que haber transparencia como es lo que se pide para que haya justicia.
Esos magistrados estarán trabajando con los representantes del PSUV en esa Sala, pero que ya no serán mayoría.
De esta forma el Ejecutivo Nacional no podría impedir que la Asamblea Nacional haga su trabajo, el cual consiste en investigar la corrupción, ejercer controles sobre toda la administración pública y legislar.
¿Por qué el Poder Ejecutivo no quiere que la Asamblea haga algo?
Porque claramente no quiere que lo controle, tampoco que legisle y se den cuenta que la legislación que el oficialismo ha sacado hasta el fin del año pasado, por mucho cacareo que haya hecho de que está dirigido a los derechos sociales, en estos momentos los venezolanos no tenemos ya nada que comer, ni los servicios de agua y electricidad funcionen como debe ser, tengamos una inflación galopante y estemos en estado de subsistencia.
Mientras Maduro tiene todo, el pueblo no tiene nada y sufre todos los días intensas horas de angustia para subsistir.
