Hace algunos días junto a un grupo de estudiantes del postgrado en Comunicación Política que dicto con la Universidad Católica Andrés Bello nos hicimos la pregunta que da título a este artículo. ¿Qué tendría que pasar para que la sociedad venezolana se indigne y reaccione ante el flagelo de la violencia? Debo decir que todos –profesor y estudiantes- terminamos con una visión pesimista del país.
La violencia que la mayoría vive en Venezuela en términos de inseguridad personal parece ser un monstruo de mil cabezas. Una muestra de ello, que trascendió notablemente en la prensa internacional, fue el caso del asesinato de un marino proveniente de Egipto que apenas puso un pie fuera de la terminal del aeropuerto de Maiquetía fue asesinado al oponerse a un robo. La delincuencia está en todos lados, en verdad, pero no es menos cierto y dramático que en Venezuela se corre el riesgo de perder la vida cada vez que ocurre un hecho delictivo, cosa que no es lo común en buena parte del mundo.
La discusión en clase vino a colación por los sucesos ocurridos en el pueblo minero de Tumeremo, que es otra cara de la violencia. Allí 17 personas murieron tras recibir disparos a quemarropa, 16 de ellos le dieron un balazo en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados en un lodazal en una zona boscosa. Los familiares encabezaron una protesta para exigir una investigación y la primera reacción del gobernador regional fue decir que se trataba de una maniobra política “de la derecha” que había generado una “masacre virtual”.
De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual Venezuela se coloca entre los dos países más violentos del mundo, junto con El Salvador. Sobre la violencia, como en muchos otros tópicos sensibles para el régimen chavista, no hay información oficial. El OVV es una iniciativa en la que confluyen académicos de diversas universidades y de diferentes regiones.
Lo ocurrido a inicios de marzo en Tumeremo simboliza sin duda cómo el poder político y la sociedad en su conjunto procesan casos sin duda dramáticos, que eventualmente en otros países hubiesen generado consecuencias políticas, institucionales o sociales.
El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, descalificó abiertamente a familiares y diputados de oposición, que en un primer momento denunciaron lo que sin duda fue una masacre. Una semana después, cuando la realidad se impuso sobre el discurso oficial y aparecieron los 17 cuerpos, Rangel Gómez cínicamente dijo que él había denunciado los hechos. El caso no tuvo consecuencia alguna para él.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz esgrimió la tesis de que los muertos habían sido víctimas del enfrentamiento entre bandas. Esta frase usada hasta la saciedad por el poder para explicar los hechos que pueden salpicarle, sencillamente le dice a la sociedad: no tienes por qué preocuparte, ya que los muertos estaban involucrados en algún hecho delictivo.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, apenas puso un pie Tumeremo adelantó que los responsables eran extranjeros (ecuatoriano, colombiano), lo cual termina siendo otro subterfugio del poder para explicar la violencia que devora al país: los hechos violentos los generan delincuentes importados.
La violencia en Venezuela se hizo el pan de cada día en esta década y media en la que ha gobernado el chavismo. Aunque debe decirse que el número de homicidios era ya preocupante en 1998, antes de que Hugo Chávez llegase al poder por primera vez. Según el OVV, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 20 por día (1998) a 38 (2002) en los primeros años del chavismo. El crecimiento ha sido constante aunque se han registrado picos que a cualquier gobierno y sociedad alarmarían: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes dio un salto en el último lustro, al pasar de 57 (2010) a 90 (2015). Y no, no nos hemos escandalizado por ello.
