Caracas, 16 de marzo.- 14 cuerpos de víctimas de la masacre de Tumeremo fueron entregados este miércoles a sus familiares, confirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega, desde el Fuerte Tarabay, en el estado Bolívar.
Precisó que aún faltan por identificar tres cadáveres, de los 17 desenterrados el lunes de una fosa común en el sector Barro Largo de Nuevo Callao, donde, afirmó, no hay más restos.
«Queda descartado que hayan más de 17 víctimas localizadas en Nuevo Callao», afirmó en rueda de prensa.
Señaló además que “no fueron mutilados, estaban enteros, con ropa cuando los encontramos”, y que todos fueron ejecutados con disparos en la cabeza y uno en el torax.
Así mismo, Ortega informó que “también queda descartado que sean 21 desaparecidos», aunque el lunes había dicho que era «casi seguro» que fuesen 21. Sobre los señalamientos de la presencia de otra fosa en la mina Hoja de Lata, manifestó que el Ministerio Público «no ha recibido una denuncia sobre fosas con restos humanos» en ese lugar.
«La fiscalía ha procesado responsablemente cada una de las denuncias recibidas», aseguró Luisa Ortega.
Por otro lado, la titular de la vindicta pública afirmó que los familiares de las víctimas y testigos continuarán con medidas de protección judicial, porque «saben que el Ministerio Público va a sancionar a los responsables para que haya justicia», dijo desde la sede militar.
Prófugos
En cuanto a responsabilidades penales, Ortega Díaz indicó que aún continúa prófugo el presunto coordinador de la masacre, Jamilton Andrés Ulloa Suárez, así como otros dos hombres cuya identidad no ha sido revelada.
Además de la mujer detenida el sábado, fue presentado ante un tribunal Luis Tomas Rivera Malavé, presuntamente vinculado con el manejo de capitales de Ulloa Suárez, por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Igualmente, «en las próximas horas» serían presentadas otras dos personas.
Contradicciones
Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, indicó este martes desde Caracas que no descarta la existencia de otras tumbas comunes, que a su juicio deben ser localizadas.
«He dicho que no puede culminar las acciones porque uno de los testigos habla que el llegó a ver de manera presencial al menos 25 cuerpos acribillados se han encontrado 17 en una fosa común conocida como Nuevo Callao», manifestó.
«Voy a decir así extraoficialmente estas ocho presuntas víctimas desaparecidas que narra este testigo presencial puedan ser halladas», agregó.
Investigarán a policías venezolanos
Miembros de un cuerpo policial venezolano señalado de estar implicado en el asesinato de 17 mineros fueron relevados de sus funciones en la zona de la masacre para ser investigados, informó este miércoles una fuente oficial.
«A los familiares (de las víctimas) les di mi palabra, y hoy vengo a cumplir, con respecto a algunos funcionarios de acá de la zona que van a ser extraídos, sometidos a una investigación interna», dijo en rueda de prensa el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico.
El jefe policial señaló que las indagaciones buscan determinar si los detectives -cuyo número no precisó- tienen alguna relación con la matanza o con el grupo criminal que la ejecutó el pasado de 4 de marzo en el poblado de Tumeremo (estado Bolívar, sureste), en la zona fronteriza con Brasil, como denunciaron parientes de los mineros.
Tras un acto en Tumeremo, en el que la fiscal general Luisa Ortega entregó a los deudos los restos de los obreros, Rico señaló que «no se descarta» el inicio de una investigación penal, no solo contra efectivos del CIPC, sino también de la policía de inteligencia (Sebin) o de militares por este caso.
«Los familiares quieren justicia en todos los sentidos, y de resultar algún miembro de algún organismo involucrado en el hecho, será sancionado igual que las personas que ya tenemos identificadas como autoras materiales», advirtió el mando policial.
Por su parte, la fiscal sostuvo que mientras no haya una sentencia en firme por los crímenes no se descarta que funcionarios oficiales puedan estar implicados.
«Esta investigación apenas está comenzando. El trabajo se había concentrado en la protección a las víctimas, la ubicación de los restos y la aprehensión de las personas solicitadas. Hasta tanto no concluya la investigación, queda abierta cualquier posibilidad», dijo.
AFP
Américo de Grazia fue amenazado de muerte
La oposición venezolana denunció este miércoles que el diputado Américo de Grazia fue amenazado de muerte por la investigación que promueve en torno a la masacre de 17 mineros por parte de un grupo criminal en el estado Bolívar (sureste).
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Parlamento, indicó en un comunicado que De Grazia recibió mensajes de texto en su teléfono celular donde «se le informó que la orden de asesinarlo habría sido dada por el alcalde de Guasipati, José Alejandro Martínez, junto al concejal ‘Chino'» Reina, ambos del PSUV, el partido de gobierno.
La formación política no reaccionó en lo inmediato a esa versión, mientras que la fiscal general, Luisa Ortega, llamó a De Grazia a formalizar la denuncia ante el organismo investigador. También anunció que le pedirá presentar sus denuncias sobre la matanza en la Fiscalía para incorporarlas al expediente.
El legislador publicó en su cuenta en Twitter uno de los mensajes, que señala que «‘lo mandaron a matar con el que opera en la mina Las Vainita en Guasipati'».
Otro de los tuits publicados por el diputado cita que «‘a cargo de eso está el alcalde jose alejandro martinez y el concejal chino reina'».
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, atribuyó las intimidaciones a «la alianza entre los pranes (jefes de bandas delincuenciales) del crimen organizado y los pranes de la corrupción política».
El vocero de la MUD manifestó en un tuit dirigido a varios organismos de integración regional que el asambleísta fue «amenazado por denunciar fosas comunes y ‘cementerios del oro'». De Grazia y el dirigente opositor Andrés Velásquez denunciaron públicamente la desaparición y muerte de decenas de mineros en una región fronteriza con Brasil, en el estado Bolívar, a manos de mafias de explotación minera ilegal.
AFP
