La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó el hallazgo este lunes de los restos de 4 mineros desaparecidos en Tumeremo, estado Bolívar, en las inmediaciones de la población Nuevo Callao.
«Localizamos el sitio donde se encuentran los restos. En este momento un equipo liderado por el director general de Actuación Procesal conjuntamente con expertos del MP y del CICPC, conformado por antropólologos y odontólogos, se encuentran en el lugar exhumando los restos que se han encontrado (…) Hasta ahora han sacado 4 cadáveres. No sabemos si todos estan allí», manifestó en declaraciones ofrecidas en el programa Vladimir a la 1.
Afirmó desconocer el estado de los cuerpos, los cuales aún no han sido identificados plenamente, sin embargo afirmó que a este trabajo se encuentran avocados los científicos con la ayuda de unas fichas pre morten elaboradas en base a la confirmación de 18 personas desaparecidas. Sin embargo, «tenemos casi la certeza de que son 21» los muertos, aclaró la funcionaria.
Orden de aprehensión
En cuanto a los responsables, Ortega Díaz confirmó que Hamilton Andrés Ulloa Suárez, alias «El Topo», es sujeto de una orden de captura, así como dos personas más.
Este martes 15 de marzo será imputada ante un tribunal de control de Puerto Ordaz Rosa Zoraida Gil Salazar (56), presunta lugarteniente de Hamilton Andrés Ulloa Suárez. La mujer fue detenida este sábado 12 de marzo por funcionarios del Sebin, en una estación de servicio de combustible ubicada en la Trocal 10 de la mencionada población del estado Bolívar.
Igualmente, se han incautado 11 vehículos y el camión donde presuntamente se trasladó a las víctimas y en el que en las últimas horas se recolectaron muestras de sangre y otras evidencias de interés criminalístico, señaló la fiscal.
«Pruebas científicas»
Por otro lado, al ser cuestionada sobre las denuncias de una presunta vinculación entre los asesinos y funcionarios de cuerpos de seguridad, Ortega Díaz aseguró que «en una investigación penal nada se descarta», pero para que tengan peso estas acusaciones deben estar sustentadas por pruebas «técnicas y científicas, que tengan credibilidad, porque es la única manera de hacer justicia, que exista certeza y seguridad».
También cuestionó las afirmaciones del diputado a la Asamblea Nacional Americo De Grazia, quien sostuvo que algunos familiares protegidos por el Ministerio Público han denunciado amenazas de funcionarios policiales.
«Que demuestre eso que esta diciendo. A los testigos cuando se les otorga medidas de protección se les pregunta si tienen miedo a cuerpos policiales», señaló la fiscal.
Por ahora, el Ministerio Público solicitará la radicación de este proceso judicial fuera del estado Bolívar.
